El miércoles pasado, por unanimidad, la Cámara de Diputados le dio sanción definitiva al proyecto de "ley Justina", que dispone que todas las personas mayores de 18 años sean donantes de órganos o tejidos, salvo que en vida dejen constancia expresa de lo contrario.

Esta iniciativa, que recibió 202 votos afirmativos, está inspirado en el caso de Justina Lo Cane, una menor de 12 años que murió en noviembre pasado en la Fundación Favaloro mientras aguardaba un trasplante de corazón. La iniciativa también había sido votada por unanimidad en el Senado.

Luego de la votación de esta ley, una estadística demostró que más de un millón de personas se oponen a la donación de órganos y se generó cierta polémica. Para despejar dudas, MaracóDigital.net se contactó con Elian Pregno, un reconocido bioeticista piquense y miembro titular del Comité de Bioética de la Sociedad Argentina de Trasplante.

La charla con el doctor Pregno surgió precisamente cuando regresaba al país después de participar del 27° Congreso Mundial de Trasplantes, organizado por la Sociedad Internacional de Trasplante (TTS, por sus siglas en inglés) y celebrado en Madrid días pasados.

¿Qué cambios introduce la llamada “Ley Justina”?

Sustancialmente y para que nos entienda todo el mundo, convirtió en ley eso de que “el que calla otorga” en materia de trasplantes de órganos. El punto es si ese refrán de la sabiduría popular tiene cabida cuando se trata de derechos personalísimos. Muchos creemos que no y por eso decimos que la reforma es inconstitucional. Afirmar que una persona es donante de órganos para después de su muerte, a excepción de que se manifeste expresamente en contra, invierte la dinámica constitucional, en el sentido de que el principio es la libertad y las restricciones son las excepciones. Invertir el planteo, torna a la ley de muy dudosa constitucionalidad, ya que avasalla derechos, pues no se trata sólo de decidir sobre el cuerpo, sino que se juegan cosas muy profundas para el ser humano: la muerte, la trascendencia, las creencias… En fin, es un giro autoritario que ha sido dejdo de lado en casi todos los países del mundo, por eso es que desde el punto de vista bioético es muy objetable también; al tiempo que técnicamente no sirve, ¿no?

Espere, no vaya tan rápido. ¿Qué sucede en otros países del mundo con este tema?

El “consentimiento presunto”, como se denomina al instituto que dispone que todos son donantes mientras no manifiesten lo contratrio, ha sido dejado de lado en casi todos los países del mundo. Sin ir más lejos, en octubre del año pasado hubo una reforma legislativa muy interesante en Brasil, donde se desterró la presunción de consentimiento de la ley brasilera y se instituyó expresamente al “consentimiento familiar”. Esa es la clave del sistema.

¿Y cómo es en la Argentina?

Bueno, el principio general es el donante cadavérico (y eso tiene lógica pues no se afecta la intergridad psicofísica de una persona), la excepción es el donante vivo relacionado (los esposo entre sí, los concubinos con tres años de convivencia -o dos, si de esa unión mediaron hijos- y los familiares consanguíneos hasta el cuarto grado de parentesco) y la excepción a la excepción es el donante vivo no relacionado (para lo que se necesita autorización judicial). Actualmente, la ley ya prevé la figura del “consentimiento presunto”.

Un momento, entonces, ¿usted dice que la reforma que se celebra ya está legislada?

Claro, y la prueba más contundente de que falta información en torno al tema trasplante es que se está celebrando que todos somos donantes cuando eso está escrito en la ley desde 1993. Ya el artículo 62 de la ley 24.193 legilsaba ya sobre el “consentimiento presunto”, sólo que nunca pudo llevarse a la práctica porque no se cumplía con el requisito de informar. Después, en 2005, se modificó la ley para poder despanzurrar muertos de prepo y es lo que figuraba en la norma hasta el jueves. Ahora otra vez con el mismo tema, y lo hicieron de la misma manera que hace casi quince años atrás: sin escuchar a los que hacen trasplantes. Esto es absurdo, cuando no soberbio, porque se les hicieron llegar las objeciones al proyecto de ley. Entiendo que los legisladores no estén al tanto de las especificidades de todos los temas, pero el problema es cuando no quieren conocerlas. Y dejemos de lado los aspectos ético-legales, que son siempre opinables, el problema es que con esta ley no resuelven el problema de la escasez de órganos y desconocen la impronta cultural de la muerte y el morir.

Vamos por parte, ¿por qué no sirve?

Porque los órganos que sirven para ser trasplantados son los que provienen de personas alojadas en las terapias intensivas. De modo que: una ley que declara donante al señor que se cae muerto en el baño de su casa empezó mal porque eso es falso. El donante está en la terapia y ahí que ir a buscarlo.¿Por qué España tiene la mayor cantidad de donantes? Porque las estructuras nosocomiales cuentan con servicios especializados dotados de profesionales altamente capacitados que trabajan en las unidades de cuidados intensivos detectando potenciales donantes. Esa es la fortaleza del llamado “milagro español”. Vale decir: inviritieron en factor humano, en infraestructura, en educación. Esa es la fórmula española, que ya se usa en la Ciudad de Buenos Aires con muy buenos resultados. No hay nada que inventar, tenemos al alcance de la mano la experiencia española y posibilidades ciertas de replicarlas. Ahí deberían haberle apuntado los legisladores. Pero no, en Argentina optamos por discutir la curvatura del círculo.

Hay encuestas que revelarían que más de un millón de personas le dicen NO al “consentimiento presunto”. ¿Por qué cree que pasa eso?

Porque vivimos en un país con la confianza pública afectada. Todo está bajo sospecha en la Argentina y eso no se revierte de un día para el otro. Fíjese que si una persona ha manifestado en vida su voluntad de ser donante, ese deseo puede verse frustrado luego de su muerte si la familia se opone. Es lo que en Derecho llamamos “costumbre contra legem” y oficia como instrumento valedero para privilegiar la voluntad familiar por sobre la del muerto, sobre todo para evitar los efectos negativos que puede llegar a tener en la comunidad que el estado no respete la decisión de los deudos más allegados. Imaginate que en Pico se corriese la voz que el INCUCAI le sacó los órganos a una persona sin consultarle a la familia. ¡Sería una locura! Precisamente, para evitar eso, es que se está siempre al deseo familiar, incluso por el del fallecido. Y esto es así porque morir no es ni público ni privado sino que morir es es íntimo y a ese ámbito quedan reservadas las decisiones: si visten al muerto, con qué ropa lo visten, si lo velan o no, si la caja está abierta o cerrada, si lo creman, si lo sepultan, si le rinden honras fúnebres conforme a un creo determinado, etc. Todo eso se decide en familia, por eso es que la intromisión estatal en momentos así es vista como una injerencia injustificada, sobre todo cuando es forzosa e inconsulta. Por lo demás, la solidaridad no se puede imponer; si sucede, ya no es solidaridad.

Última, ¿a usted lo consultaron?

Tuve oportunidad de hablar con el papá de Justina sobre el tema y con asesores del Senador Marino. Pero…