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  MARTES 13/03/2018
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La Pampa, presente en la Reunión del Consejo Federal de Derechos Humanos
El encuentro sirvió para plantear agenda de trabajo en común y uno de los temas abordados fue la conmemoración de un nuevo 24 de marzo.

El secretario de Derechos Humanos de La Pampa, Antonio Curciarello, y la directora de Coordinación Institucional del organismo, Ana Inchaurraga, participaron de la reunión del Consejo Federal de DD.HH, realizada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Durante el encuentro se ratificó, en el mes del 42° aniversario del último golpe cívico militar del 24 de marzo de 1976, el "compromiso irrestricto con la Memoria, Verdad y Justicia, y de trabajar por el fortalecimiento de nuestra democracia, en donde el Nunca Más sea una realidad". 

En el documento final, los integrantes del Consejo expresaron "su preocupación en que las prisiones o 'libertades' domiciliarias se constituyan en nueva forma de impunidad de la Argentina". Varios de los beneficiados por esta medida son represores condenados por delitos de lesa humanidad. 

El Consejo destacó la labor de Abuelas de Plaza de Mayo, en su 40 aniversario, y el trabajo coordinado con la CONADI, organismo dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural. Curciarello remarcó que en La Pampa “parte de ese trabajo fue la recuperación de la identidad de la hija de la pampeana Lucía Tartaglia, desaparecida en 1977, anunciada el año pasado”. 

Asimismo, se expresó el deber de garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva, y su real y efectivo ejercicio, y la implementación de los protocolos de interrupción legal del embarazo en todas las jurisdicciones de nuestro país y la necesidad de que en el Congreso se dé un debate responsable, amplio y participativo, y que incorpore el enfoque de derechos humanos para el tratamiento de la legalización del aborto en la Argentina. 

Por otra parte, el plenario en referencia a la supuesta doctrina, surgida a partir del caso Chocobar, repudió cualquier intento de tergiversar las garantías constitucionales y las buenas prácticas policiales, e insta al necesario cumplimiento de los estándares y protocolos de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad en todo su accionar. 

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