La Justicia Federal porteña decidió este viernes la liberación del empresario Cristóbal López y su socio Fabián de Sousa, detenidos en diciembre pasado en el marco de una causa por una evasión de 8.000 millones de pesos. 

La decisión de liberar a los empresarios, dueños del Grupo Indalo, fue tomada por la Sala 1 de la Cámara Federal porteña: el juez Leopoldo Bruglia se expresó en contra, pero sus pares del tribunal Eduardo Farah y Jorge Ballesteros definieron la excarcelación. 

López está detenido en la cárcel de Ezeiza tras entregarse el 19 de diciembre en el edificio Centinela de Gendarmería Nacional, mientras que su socio apresado el mismo día se encuentra alojado en la cárcel de Marcos Paz. 

Ambos empresarios fueron procesados con prisión preventiva por "administración fraudulenta" a raíz del desvío de millones de pesos del impuesto a la transferencia de los combustibles recaudados en calidad de agente de retención por la compañía Oil Combustibles. Los procesamientos con prisión preventiva habían sido dictados por el juez federal Julián Ercolini, que ahora fueron revisados por la sala I de la Cámara Federal porteña, tribunal que ordenó liberar a los empresarios. 

Para pedir la excarcelación, la defensa de los empresarios planteó que no hubo “ninguna acción” para obstruir la actuación de la Justicia y por lo tanto no correspondía que estuvieran en prisión. 

La decisión estaba en manos de Bruglia y Ballestero que, al ponerse de acuerdo, tuvieron que llamar a un tercero para desempatar. El nombre elegido fue Eduardo Farah porque ya intervino previamente en la megacausa por asociación ilícita que impulsó Elisa Carrió en 2008 y de la que terminó formando parte esta investigación. 

En esta causa también está involucrado Ricardo Echegaray, el extitular de la AFIP durante el kirchnerismo, quien declaró durante siete horas en indagatoria ante Ercolini y negó haber dado un plan de refinanciación tributaria especial a la empresa Oil Combustibles, de Cristóbal López. 

La causa. Ercolini investiga si López perpetró de 2011 a 2015 el delito de "defraudación en perjuicio de la administración pública" por unos 8.000 millones de pesos del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) que Oil Combustibles cobró a sus clientes pero que no habría depositado a la AFIP. 

El magistrado sospecha que López habría usado ese dinero para adquirir medios de comunicación y hacer más inversiones, por lo que dispuso la inhibición general de bienes del empresario, de su socio Fabián de Sousa y de todas las firmas del Grupo Indalo. La causa se inició por una denuncia de la AFIP en la Justicia en lo Penal Económico pero al estar imputado Ricardo Echegaray y casi una veintena de funcionarios públicos pasó al fuero federal. 

(Perfil)