En su defensa, la profesional piquense dijo que lo había hecho “por si la paciente regresaba y en caso de que tuviera una urgencia”.

Esa fue la justificación de la médica en la audiencia en la que se formalizaron los cargos en su contra, después que resultara denunciada por el hijo de una mujer que permaneció unos meses internada en su geriátrico.

La formalización a Estela Otria se efectuó bajo la carátula de “Fraude a la Administración Pública y estafa”, por el uso de la obra social del Estado Nacional, PROFE, de la que es beneficiaria la paciente.

La médica está acusada de haber seguido cobrando a la obra social la internación de la paciente cuando ésta no estaba alojada allí y también de haber retirado en el hospital Centeno, la medicación que le correspondía a la mujer.

Cuando el hijo de la paciente fue en estos días a retirar medicación para su madre se encontró con una respuesta negativa. Le dijeron que Otria ya la había retirado y había llegado al límite permitido.

La figura de “Fraude a la Administración Pública” deviene del carácter de la obra social que es solventada por el Estado Nacional. La “estafa”, por el perjuicio económico que le provocó a la mujer.

La imputación de hacerse de medicación que no le correspondía debe completarse determinando el valor que representa el supuesto fraude. El fiscal Armando Agüero aseguró que la damnificada ahora no puede retirar medicamentos porque “llegó al límite” permitido.

Consultado por el argumento de Otria, Agüero afirmó que presentó todo aquello que fue retirado y explicó que “la estaba retirando en caso que la paciente tenga una urgencia y debiera volver a la institución”. 

El fiscal explicó que no pidió ningún tipo de restricción para la acusada, ya que no hay peligro de fuga ni se prevé que entorpezca la causa. Y repasó que la pena por fraude es de 2 a 6 años y la de estafa comprende de un mes a 6 años, pero en estos casos se utiliza la mínima mayor de la escala penal, es decir, de 2 a 6 años.