Víctor Martín Mallorquín era un suboficial de la policía de Formosa que padecía cáncer de riñón. El 5 de mayo pasado había viajado desde esa provincia hacia Resistencia, Chaco, con motivo de realizar un tratamiento oncológico que duraría 20 días.

Luego de terminar las sesiones de radioterapia, el 12 de junio pidió la autorización correspondiente para regresar a su hogar y continuar atendiéndose en el Hospital de Alta Complejidad de la capital formoseña, dado que las fronteras provinciales ya estaban cerradas en el marco de las medidas para controlar la pandemia de coronavirus.

Sin embargo y pese a las reiteradas solicitudes, el permiso nunca fue concedido. Con el correr de los días, la salud de Mallorquín empeoró hasta que el 3 de julio murió en el Hospital Perrando de la capital chaqueña. Tenía 44 años, según publicó Infobae.

El viernes pasado, la viuda de Mallorquín, Itatí Decoud, recibió una inesperada comunicación que le causó indignación: cinco meses después de haber solicitado el permiso de ingreso, desde el gobierno de Gildo Insfrán se comunicaron con ella para decirle que habían autorizado que su marido regrese a la provincia.

“Hermosa sorpresa para mi hijo en su cumpleaños: por fin le dieron el ingreso a su papi!!!! A cuatro meses de su fallecimiento... Gracias!!!!”, escribió con ironía la mujer en su perfil de Facebook. En la publicación compartió además una captura de la conversación que mantuvo con la empleada del gobierno, una mujer llamada Florencia, quien le notificó a la viuda que a Mallorquín le asignaron como fecha de ingreso “el día 25 de noviembre de 2020” y para ello le pidió los datos personales del hombre.

Decoud le contó a la empleada que “él ya falleció este 3 de julio esperando este gran permiso”. “Pero gracias igual, su lugar queda vacante para otro varado”, agregó.

Decoud compartió los mails que intercambió con el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. Sólo le respondieron el 13 de junio, cuando le pidieron la historia clínica y un informe médico actualizado. En los días siguientes, la viuda envió otros correos pidiendo “por favor” saber acerca de novedades de su solicitud.

“Solicitó el permiso una y mil veces, le pidieron un montón de cosas, todo lo que se pidió, conseguimos, agotamos todas las posibilidades a nuestro alcance, porque después no dependía de nosotros, sino que dependía de los que manejan el ingreso”, comentó Francisco.

Mallorquín era padre de dos hijos de 4 y 7 años. Vivía con su familia en la localidad de Clorinda, donde era muy reconocido por su vida social activa: además de su tarea policial también tenía como actividad extra la de arbitraje, e integraba la Asociación Clorindense de Fútbol de Veteranos. Sus restos fueron cremados. La familia recibió las cenizas y no pudo despedirlo.

El caso de Mallorquín no es aislado. Al igual que él, miles de formoseños quedaron varados y no pudieron retornar a Formosa luego de la declaración de la emergencia sanitaria a causa del COVID-19.

La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló en contra de Insfrán y a favor de los formoseños varados, que todavía no pudieron ingresar a su provincia desde el inicio de la pandemia. Amnistía Internacional había denunciado que eran más de 7.500 las personas que reclamaban el regreso a sus casas, mientras las autoridades locales no lo permitían.

(Infobae.com)