La Corte Suprema de Justicia de la Nación fijó un nuevo plazo para la resolución del conflicto por el cese de escurrimientos en el rio Atuel, originado por el accionar unilateral e inconsulto de la provincia de Mendoza.

“El máximo tribunal resolvió, ante la falta de acuerdo de las partes en la audiencia de conciliación llevada a cabo el día 9 de mayo, fijar un plazo de 90 días para que ambas provincias y el Estado Nacional arriben a una solución dirimente del conflicto”, informó el procurador general de Rentas.

Hernán Pérez Araujo aseguró que deberán analizar la propuesta realizada por Mendoza ante la Corte en la audiencia y determinar las obras conducentes para la resolución definitiva del conflicto, así como los costos y porcentajes en que se afrontaran los mismos.

“Todo ello es reiteración de lo sentenciado el 1 de diciembre, pero ahora el tribunal ha decidido, ante el plan de obras presentado por Mendoza en la propia Corte, y no en la CIAI, que dicho plan sea analizado en el organismo de Cuenca, tal como debió haber sido realizado y así lo manifestáramos, tanto ante el Máximo Tribunal como en la reunión del Grupo de Trabajo de la CIAI del 16 de mayo pasado”, explicó.

“La resolución, en vez de darle traslado a La Pampa del plan de obras presentado por Mendoza, nos manda a analizarlo en el marco de la CIAI. Seguramente podríamos habernos ahorrado este paso si la delegación mendocina lo hubiese presentado en la CIAI en primera instancia, tal como se lo reclamamos, pero ellos insisten en menospreciar la tarea del organismo de cuenca”, se explayó.

Tal como el propio presidente de la Corte lo adelantara al cierre de la audiencia de conciliación, en caso de no arribar a un acuerdo La Pampa deberá informar las razones que lo expliquen y será el Tribunal quien en ausencia de una solución acordada por las tres jurisdicciones defina el curso de acción.

“Esperábamos que la Corte resolviera rápido, como lo ha hecho, y que expida por la determinación de un caudal hídrico apto para la reconstitución del ecosistema en nuestro noroeste pampeano”, manifestó el Procurador. “Debemos seguir esperando, atento a que, en la misma lógica que la aplicada en la sentencia del 1 de diciembre, la Corte reitera que el conflicto sea dirimido, en esta instancia, por las provincias y la Nación”, continuó.

“Lo único que ha cambiado para nosotros es que el plazo, que comienza a correr mañana y se extiende por 90 días más”, finalizó diciendo Pérez Araujo.