El diputado socialista Luis Solana, acompañado por sus pares de los tres bloques de la oposición (Frepam, Cambiemos y Mofepa), presentó un proyecto para profundizar los controles patrimoniales sobre intendentes y funcionarios municipales.

El proyecto es autoría de Solana y fue acompañado por Ricardo Consiglio, Martín Berhongaray, Abel Sabarots y Marcela Coli del Frepam, Josefina Díaz y Adriana Leher de Cambiemos y Héctor Fazzini del Mofepa.

“Necesitamos hacer más transparente el manejo de los fondos públicos, el caso de las cinco Comisiones de Fomento que hoy son investigadas por la presentación de facturas truchas, muestran que ningún control es suficiente. Enhorabuena que el trabajo del Tribunal de Cuentas de La Pampa pudo dar con esta maniobra y llevar a la Justicia las pruebas para avanzar y frenar esta situación. Hay que destacar ese trabajo que muestra que son necesarios más controles y por eso es que debemos avanzar en la transparencia de las gestiones municipales”, indicó Solana.

A través del proyecto, los intendentes, funcionarios y concejales deberán presentar sus Declaraciones Juradas ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas como lo hacen el resto de los funcionarios de la Provincia.

El proyecto incorpora a la Ley Orgánica de Municipalidades y Comisiones de Fomento, en las responsabilidades de los miembros del gobierno municipal, que deberán presentar la declaración jurada de bienes el intendente, los secretarios y funcionarios del Departamento Ejecutivo; los concejales y los funcionarios del Concejo Deliberante; los titulares de los organismos descentralizados y todo el personal municipal que tenga intervención directa en compras, suministros, recepción de provisiones al Estado y manejos de fondos públicos, entre otras. Igualmente, aclaró Solana, las Municipalidades son autónomas, por lo que de aprobarse el proyecto de Ley, cada Concejo Deliberante deberá adherir a la normativa para ponerla en práctica.

“Esto es una herramienta, no suficiente pero sí necesaria, para controlar las cuentas públicas locales. Y también para que los concejales tengan más instrumentos para controlar las rendiciones”, indicó Solana.

“Recientemente hemos tomado conocimiento de posibles actos de corrupción en varios gobiernos locales. El Tribunal de Cuentas realizó denuncias penales y estimó que solo en el año 2016, cinco de las dieciocho Comisiones de Fomento que investigó sumaban 14 millones de pesos que no podían justificar o respaldar con documentación valida”, dijo el legislador provincial.

Por eso “creamos una herramienta que cumple dos objetivos: luchar contra la corrupción que comienza con la prevención que ejerce el control, y mejorar la calidad democrática al dotar de mayor nivel de transparencia el ejercicio de la función pública”, afirmó Solana.

La investigación del Tribunal de Cuentas

El TdeC procedió a realizar un proceso sumario ante una serie de irregularidades detectadas en la documentación acompañada en las rendiciones de cuentas de cinco Comisiones de Fomento de La Pampa. En este marco, fueron convocadas durante el transcurso del año 2017 ante el tribunal a los efectos que tomaran conocimiento de las irregularidades detectadas.

En dichos encuentros se transmitió a los responsables de las comunas ciertas inquietudes y observaciones efectuadas por los equipos técnicos que integran la Sala II a cargo del contralor, así como la preocupación por la ausencia de respuesta suficiente a las observaciones de referencia.

Sólo una audiencia resultó frustrada por la incomparecencia de sus responsables, pese a encontrarse debidamente notificados: la prevista con la Comisión de Fomento de La Reforma.

Sin perjuicio de lo expuesto, el Tribunal continuó con el análisis de los documentos presentados por las comunas, incorporando al proceso el libramiento de oficios y visitas personales a proveedores damnificados, cuya facturación resultaba dudosa o al menos de necesario cotejo fáctico.

Es así como pudo constatarse que pluralidad de supuestos proveedores no eran tales, ya que no sólo desconocían haber prestado los servicios que consignaban las “facturas” presentadas, sino que en otros casos el nombre del proveedor se asociaba a CUIT o actividades que no le correspondían.

Tales situaciones involucran al día de la fecha a cinco comunas: Unanue, Rucanelo, Loventué, La Reforma y Perú sumando un total de $ 13.882.371,58 correspondiendo: $ 4.735.262,29, $ 3.558.893,60 $ 5.280.793,69, $ 221.922,00 y $ 85.500 respectivamente, que han sido denunciados ante la autoridad judicial competente.

Atento la competencia que le ha sido asignada, el Tribunal de Cuentas, a través de sus equipos técnicos interdisciplinarios -cuya solvencia y compromiso han permitido detectar facturas apócrifas- continuará con los procesos de contralor, habiendo quedado a disposición de la autoridad judicial para colaborar en cuanto la misma disponga.