JUEVES 08 de Diciembre
JUEVES 08 de Diciembre // GENERAL PICO, LA PAMPA
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  DOMINGO 18/09/2022
Especialista advierte por la “industria de la falsa denuncia que en litigios de familia aprovecha el sesgo de género”
“La perspectiva de género no puede estar por delante de la perspectiva de infancia”, dice Patricia Anzoátegui. Una nota de Claudia Peiró en Infobae.

Anzoátegui es abogada, directora jurídica del Observatorio de Falsas Denuncias, creado en 2021. “Ante el crecimiento exorbitante de casos, era necesario un lugar para registrarlos”, dice, y explica el modus operandi cada vez más extendido de fabricar una causa contra uno de los progenitores, y obstruir el vínculo filial.

“Lo grave no es que se hagan falsas denuncias, sino que la Justicia las reciba”, dice la abogada Patricia Anzoátegui, directora jurídica del Observatorio de Falsas Denuncias. Y señala algo más: una creciente privatización de los procesos, porque jueces y fiscales admiten como pruebas pericias psicológicas y hasta entrevistas en Cámara Gesell realizadas en un ámbito privado por la parte denunciante. Queda afectado el derecho a la defensa, como es evidente.

Anzoátegui apunta a un fenómeno que viene creciendo en Tribunales: el uso de la denuncia de violencia o de abuso infantil contra un ex cónyuge, en el contexto de un divorcio o separación conflictiva. La combinación entre una mirada de género malentendida, y el incumplimiento de los plazos y trámites procesales, desemboca en el corte del vínculo de padre o madre con los hijos en disputa, por plazos que se extienden por años.

“Hay sesgo en la percepción de que la víctima siempre dice la verdad y de que la persona que denuncia es la víctima”, cuando en realidad la víctima es el menor.

“Si una madre miente y utiliza a su hijo, no es una madre protectora, sino destructora de vínculos”, agrega, en referencia al argumento esgrimido por quienes niegan la existencia de falsas denuncias.

El Observatorio de Falsas Denuncias fue creado en septiembre de 2021, pero su plataforma fue renovada el 27 de julio de este año, para una mejor recepción de las denuncias, y un procesamiento de los datos más eficiente. Desde esa última fecha hasta hoy, han recibido 430 casos, de los cuales 276 ya fueron analizados, y se comprobó que las personas afectadas pudieron aportar pruebas de la falsedad de las denuncias.

La mayoría de las denuncias fueron por violencia de género; en segundo lugar, por abuso sexual infantil y, tercero, violación. Casi el 60% de las denuncias tuvieron por consecuencia una orden de restricción. Pero otra consecuencia, es el impedimento no justificado de contacto con los hijos, además del deterioro de la salud física, la depresión, la condena social, el escrache, etcétera.

En un 44 por ciento de los casos analizados por el Observatorio, el niño no fue escuchado ni una sola vez por los peritos del juzgado.

“¿Por qué se han incrementado tanto las denuncias calumniosas por parte de un miembro de la pareja hacia el otro?”, se preguntaba Patricia Anzoátegui en el libro que coescribió junto a Rubén Melloni Anzoátegui (Hienas. Abogados de Familia vs Falsas Denuncias; 2021). Y su respuesta era: “Porque le ‘creen’ al denunciante, que no es la víctima, sino quien la representa”. Y también “porque no se castiga la falsa denuncia”.

El resultado, decía, son “huérfanos de padres vivos”, niños a “los que les enseñan a odiar, a elegir entre sus progenitores, y a mentir para ayudar a un adulto a conseguir un objetivo que, por su corta edad, ni siquiera entienden”.

El pasado 9 de septiembre, en ocasión del Día Mundial contra las Falsas Denuncias, el Observatorio y asociaciones afines marcharon hacia el Ministerio de la Mujer, para alertar sobre la falta de garantías jurídicas básicas, como la presunción de inocencia o la igualdad ante la ley, erosionadas por la perspectiva de género que sacraliza la palabra de la denunciante. No fueron recibidas.

DENUNCIAS FALSAS

En esta entrevista, Patricia Anzoátegui explica por qué proliferan estos casos, y advierte sobre el riesgo de privatización de los juicios por el sesgo de muchos jueces y fiscales.

— ¿Por qué era necesario un Observatorio de Falsas Denuncias?

— Hace muchos años que estoy trabajando en esta problemática, y veo el incremento en la cantidad de denuncias falsas. Ya en el 2002 se hablaba de denuncias falsas, y hay un estudio de una investigadora del CONICET, Paula de Albarracín, que decía que casi el 80 por ciento de esas denuncias eran falsas.

— Estamos hablando de denuncias de abuso o de violencia contra los hijos en el contexto de separaciones…

— Conflictivas, en el contexto de lo vincular. Esto se fue incrementando y se fue haciendo una especie de costumbre.

— Un modus operandi.

— Un modus operandi, exactamente, en el cual las denuncias van creciendo en el expediente. O sea, primero denuncian a la ex pareja por violencia, después, por abuso y después… Y ahora han llegado las nuevas modalidades para sorprendernos. Por ejemplo, denuncias de violación de 10 años atrás durante el matrimonio. Me violaste en el matrimonio. Ya es la palabra de una contra el otro. En el contexto de un divorcio, de una separación, empiezan las denuncias de todo tipo. Algunas, bizarras. Entonces, el Observatorio era dar voz a aquellas personas a las que les estaba pasando esto. Porque lo primero que han dicho los grupos feministas radicalizados o hegemónicos, como los quieran llamar, es que es el 0,03% (las falsas denuncias), es un número al azar que eligieron, y después dicen hay 67% de abuso intrafamiliar. Número que saca después la OVD (Oficina de Violencia Doméstica). Número que no tiene ninguna constatación. Después de que empezamos nosotros a discutir esos números, y como vieron que mucha gente es sobreseída, empezaron a influenciar y a posicionarse dentro de la Justicia, gran parte de los referentes de Justicia Legítima son los que más han difundido esa percepción de que la víctima siempre dice la verdad, o de que toda persona que se presenta a denunciar es víctima, pero víctima es quien padece el delito. La mamá de un niño supuestamente abusado no es la víctima, es la madre. El otro concepto que surge de estos grupos, es el de madre protectora. Ahora, si la madre que hace la denuncia está mintiendo y está utilizando a su hijo, no es una madre protectora, es una madre destructora de vínculos y de la psiquis del niño. En ese contexto, ante ese crecimiento que fue realmente exorbitante, y además con el agravamiento de las consecuencias de un juicio que es la detención de la persona, comenzamos a pensar que era necesario algún lugar donde la gente pudiera contar lo que estaba pasando.

— Ante una denuncia de esta índole, la Justicia se toma dos, tres años. Y si sobresee, no investiga si la persona que hizo la denuncia, falsa o infundada, fue mal intencionada. Eso no se investiga. No se castiga la falsa denuncia.

— No se castiga la falsa denuncia, pero eso es sesgo. O sea, no hay otra forma de llamarlo. Muchas sentencias dicen “no hay más pruebas”. Pero es que no hay pruebas. O sea, cómo se prueba lo que no se hizo. Es muy difícil. Y el otro problema es que han destruido muchos bastiones en el medio de todo esto. Tantos años tratando de conseguir como humanidad el principio de inocencia... y lo destruyeron. Estos hombres se presentan ya para probar que son inocentes, porque ese principio de la presunción no existe más para ellos. El otro problema es que el tenor de la denuncia hace que por ejemplo empiecen a agravarle los hechos para conseguir la detención. Lo grave no es que alguien vaya y haga esto, lo grave es que la Justicia lo recepcione. No es ninguna conquista social tener una fiscalía de género, si va a tener sesgo. Porque en el ínterin nos olvidamos de que hay niños, y que la perspectiva de género no puede estar por arriba de la perspectiva de infancia.

— Para que la gente entienda cómo es ese modus operandi. En el litigio familiar, uno de los cónyuges hace una denuncia por abuso o por violencia, y en ese momento, muchos jueces incumplen el procedimiento. Porque ellos deberían en 48 horas entrevistar a las personas involucradas. No lo hacen, dictan automáticamente una orden de exclusión.

— Eso es así. Pero vamos a ser con los jueces un poco comprensivos. La ley dice que la tienen que dictar (la orden de exclusión). Pero tienen que hacer a las 48 horas a más tardar, la audiencia donde están todas las partes. No lo cumplen nunca.

— No hacen la audiencia. O sea, sí dictan la exclusión…

— Sí dictan la exclusión y no hacen la audiencia. Y en algunos casos, han hecho restricciones sine die, o sea, hasta que termine la causa penal. ¿Entonces qué hacen estas falsas denunciantes? Provocan demoras en la causa penal. Por ejemplo, no llevan al niño a Cámara Gesell. Si esa madre un año antes, unos meses antes, le puso al niño una psicóloga y viene con un informe de un supuesto abuso, un fiscal, un juez, tiene que sospechar. Porque hay organizaciones que se dedican a esto. El falso informe es algo que se compra. Lo peor de todo es que han logrado que muchos jueces y fiscales cuando reciben una denuncia, hagan la prueba que la denunciante pide. Hacen una cámara Gesell eventualmente. Llaman a las psicólogas que les pusieron ellas a los niños. Y obstruyen la prueba del imputado. El imputado siempre, en todo proceso penal, es el más débil, porque está sometido a la persecución estatal. Eso ya no se considera más. Por ejemplo, esto pasa en San Isidro. Pedimos y aportamos prueba. Entonces el fiscal va y le pregunta a la particular damnificada si le levanta el secreto profesional a la profesional anterior que la había llevado con el padre. Pero no se lo levantan. Porque no les conviene. Obturar la prueba del imputado puede ser parte del fragor de un litigio, lo que no puede un juez o un fiscal, es permitirlo. El proceso tiene un objetivo que es ir y conseguir la verdad. Ir hacia la verdad.

— ¿Qué significa que se está privatizando la Justicia, como le escuché decir a usted?

— Si yo le pregunto a la supuesta víctima si me permite que se defienda el imputado, me va a decir “no”. Obviamente. Esto no quiere decir que no haya que darle lugar a la víctima, pero también hay que evaluar si esa hipótesis que ella da, no se contrapone con la otra hipótesis que da el imputado. O sea, no se puede trabajar con una sola hipótesis dentro de una investigación; hay que trabajar con las dos.

— ¿Un juez puede, por ejemplo, aceptar una cámara Gesell hecha en una asociación privada?

— Exacto. Eso ha pasado. De hecho, con motivo de la marcha que hicimos, han salido muchas feministas radicalizadas a criticar. Una de ellas, lo puedo decir porque da su nombre, Yamila Colín, está pidiendo a la Justicia que no considere una prueba oficial que le es desfavorable. Y quiere imponer su prueba particular de (la ong) Salud Activa, donde hizo una Cámara Gesell que la Justicia de Morón no aceptó. O sea, que declaren todos los peritos oficiales es importante, porque es lo que nos va a dar una pauta. Pero cuando esos informes les son adversos, los quieren sacar. A eso lo llamo yo justicia privada. Lo grave no es que lo quiera el querellante o el particular damnificado, lo grave es que la Justicia lo esté permitiendo.

— Salud Activa es una asociación que tiene por principio que si el fallo es absolutorio del hombre denunciado, es porque la Justicia se equivocó y tarde o temprano se demostrará que el abuso existió. Es decir, si la madre denuncia, el abuso existió. Esa es su filosofía. Me lo han dicho en esos términos y lo he publicado.

— La otra que dicen es “¿y por qué va a mentir?” ¿Quiere que le cuente por qué? Nuestro estudio y algunos de nuestros clientes tenemos denunciada a Salud Activa y a todos los profesionales que trabajan ahí, porque hacen mala praxis, sin dudas. O sea, la industria del falso juicio, lo que antes se llamaba los caranchos, yo los llamo los caranchos de Lassie, porque cambiaron de delito. Antes eran los juicios laborales, después fueron los accidentes de tránsito, y ahora es el abuso sexual infantil.

— Ahora bien, uno puede ver el interés de los estudios de abogados, incluso el de la persona que hace la falsa denuncia, el resentimiento, la venganza a través del hijo. Pero ¿no hay también un vínculo con lo psiquiátrico? Porque he visto la pericia de una de las autoras de estas falsas denuncias, y no sé cómo el juez puede tomarla en serio después de leer ese informe psiquiátrico.

— Sí, vemos a muchas mujeres con determinadas patologías, la más común es el trastorno límite de la personalidad (TLP), mujeres que aman mucho y después odian demasiado, que no pueden seguir con su vida y cuyo objetivo es destruir a esa pareja anterior. Narcisista también. El otro problema es que están intentando derogar la Ley 24.270, que es la Ley de Impedimento de Contacto, porque dicen que es criminalizar a la madre. O sea, otra vez ponen a la madre por arriba de los niños. Esa ley deriva de la Convención de los Derechos del Niño, que protegió el vínculo con mamá y con papá.

— ¿Es una ley que penaliza a la persona que hace algo para impedir el vínculo filial?

— Para impedir u obstruir. Este tipo de maniobras buscan impedir. Que el niño no vea más a su padre. Pero mientras tanto, sigue pagando la cuota.

— ¿Y con qué argumento lo quieren derogar?

— El argumento es que criminaliza a la madre. Cuando asumió, la actual Defensora de los derechos del niño sacó un artículo diciendo que estaba prohibido usar el término de alienación parental, pero la verdad es que se están quedando un poco atrasados, porque esta figura está reconocida en el DSM-IV (Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales) con otro nombre, pero además, la usó la Corte Suprema en un fallo en el que habló de alienación parental. También una Sala de la Cámara Civil lo empezó a reconocer. Porque existe.

— Aclaremos para los lectores: alienación parental es cuando el padre o la madre, el tutor, logra realmente que el chico niegue al otro progenitor.

— Lo odie, lo niegue.

— Y hasta tenga falsos recuerdos.

— El relato implantado. Eso que ellos niegan absolutamente. Elizabeth Loftus, autora de Juicio a la memoria, logró probar con un estudio de campo, que hasta en los adultos se puede inducir el recuerdo. Cuánto más a un niño al cual uno lo alimenta, lo lleva de la mano al colegio y también a la Cámara Gesell. Yo he visto cientos de esas cámaras, y son muy poquitos los casos en los que los niños se resisten a imputar al otro progenitor. Si hay algo sano en un niño, es que pueda contradecir a su padre o a su madre. Cuando el niño sigue totalmente el discurso parental, ahí está la enfermedad. Los niños que copian absolutamente el relato, desarrollan patologías similares a las de su criador. El día de la marcha fue muy conmovedor, porque había mucha gente llorando, pero vino un chico que me contó que, por defender a su padre, la madre terminó imputándolo a él como cómplice. El padre está detenido con una pulsera y va a juicio oral. Los informes oficiales fueron buenos, pero lo mandan por las dudas a juicio. De mí pueden decir que soy despiadada respecto de estas madres, pero la realidad es que tengo que defender con nada. Si hay algo difícil, es defender a estos hombres que dicen no haber hecho aquello de lo que se los acusa. ¿Cómo reaccionamos nosotros? Le digo mire, yo le creo, pero igualmente va a pasar por el equipo técnico de psicólogos del estudio. Yo defiendo padres que sé que no lo hicieron. Porque el otro tema, es que rechazan la prueba científica. Los jueces, los fiscales, las asesorías periciales, se niegan a hacerla. ¿Por qué? Primero porque es larga, es verdad.

— ¿A qué llama prueba científica?

— Es la pericia psicológica, pero tiene determinados elementos. Nosotros, después de tantos años de trabajo, hemos descubierto que el sesgo aparece mucho en las asesorías periciales. Tienen toda una bajada de línea política. Entonces, qué pasa, buscan un término medio para no decir lo que tienen que decir; con lo cual a veces, mandan directamente a juicio oral por ser nebulosos en los términos que usan. El otro problema es que se niegan a hacer determinados tests. Utilizan tests más antiguos y más permeables al sesgo del entrevistador. Como todo el psicodiagnóstico está hecho con técnicas proyectivas, con gráficos, es muy de interpretación, con lo cual si tienen sesgos, ven el dibujo de un obelisco y es un pene. La realidad es que hay mucha interpretación. Y hay que evitar eso. Para eso están las pericias, para que se usen técnicas. Pero en estos casos hay un test que es psicométrico. ¿Qué quiere decir eso? Que la medición de ese test se hace por la computadora. Eso saca el sesgo. Mide, evalúa, con un criterio que es para todos el mismo. Y son 583 preguntas, o sea que, claro, tarda en hacerlo. No lo quieren hacer. San Isidro se niega porque dice que no es necesario.

— Debería ser obligatorio.

— Claro. Y no se lo quieren hacer a la madre, a la denunciante, porque dicen “es la víctima”. No, no es la víctima. O bien, “no está dentro del proceso”. Es la que denuncia. Si ella es una perversa, tiene patologías y está llevando a mentir al niño, eso tenemos que investigarlo. Otro tema: la conclusión de muchos estudios es “tiene estrés postraumático el niño”. Pero eso puede deberse a muchas otras causas. Hay que averiguar el motivo antes de tomarlo como prueba de abuso. Esto, que parece tan elemental, no lo quieren saber. Se niegan sistemáticamente al test de Minnesota (Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota), se niegan sistemáticamente a entrevistar a la persona que denuncia. Sin embargo, a la supuesta verdadera víctima, que es el niño, lo hacen declarar en Cámara Gesell, le hacen estudios psicológicos, le hacen la validación del testimonio, revisación médica. Si se alejan de la prueba científica, estamos absolutamente abandonados a la arbitrariedad y a las interpretaciones.

— Me decía que hay distritos particularmente proclives a este sesgo de género.

— Sí. En San Isidro, por ejemplo, donde la pelea es cuerpo a cuerpo porque los efectores judiciales no les dan las mismas posibilidades de defensa a un imputado, que hasta ofrece prueba y no la quieren tomar a veces. Otra jurisdicción complicada es Bahía Blanca. El caso Rotilli es de Bahía Blanca. Un padre denunciado y condenado por abuso a seis años de prisión, que se mantuvo prófugo, y cuando sus hijas crecieron, lo defendieron: “Papá no hizo nada, fuimos manipuladas…” Pero no cambió nada en Bahía Blanca. El sesgo es tan grande, que no pueden ver otra cosa que lo que dice la persona que denuncia. Hay otras jurisdicciones que son así: Campana, por ejemplo, tiene resoluciones condenando a una persona sin haber hecho una cámara Gesell, sólo con lo que dijo la mamá, testigos que son todos de oídas, a los que ella misma les contó, y con informes de psicólogas particulares. Esto es grave, porque implica que dejamos de ser republicanos definitivamente.

— ¿Cómo es posible esto?

— Claro, el tema es por qué. A los que tomamos estas causas, nos dicen que somos todos defensores de abusadores, lo cual no es verdad. ¿Cómo llegamos hasta acá? Porque esto viene de años… Se ha elevado la palabra de una mujer al nivel de verdad absoluta. Esto es atacar a determinado sector… Se pelean entre los novios y se levantan violadas, esto también sucede.

— A través de los juzgados, ¿puede obtenerse por ejemplo la cifra de los casos sobreseídos?

— No, no. Salvo que uno haga ese trabajo, no hay estadísticas. Yo he ido varias veces a la Cámara de Apelaciones en lo Penal, y no hay datos. No hay estadísticas. No las hacen.

— ¿Qué pasó cuando fueron al Ministerio?

— La consigna y los motivos ya los sabían, porque habíamos publicado que íbamos a ir con un grupo de mujeres para hablar con algún representante del Ministerio. Llegamos y empezaron a cerrar las persianas... Yo anuncié que si en 15 minutos no nos atendían, nos íbamos a ir pacíficamente. Entonces dijeron que nos iban a atender. Esperamos una hora y media, y nunca nos recibieron. Con la Fundación Ayudar y Crecer presentamos un pedido, en base a la Ley de Transparencia, para que informen qué hacen con el presupuesto que tienen, de 5 puntos más del PBI que Seguridad, porque la OVD dice que hay más violencia de género y más abusos. Entonces, ¿en qué se gasta esa plata? ¿A cuántas asociaciones de feministas radicalizadas les dan un subsidio?

— Buena pregunta.

— Porque esta justicia privada que quieren imponer amerita que empecemos a desarrollar el control por la ciudadanía de qué hacen los jueces. No pueden permitir que vengan a imponernos la prueba privada, y cuando nosotros presentamos pruebas, rechazarlas. O todos presentamos prueba privada, o ninguno la presenta y hacemos las cosas bien. Y capacitamos a las personas que tienen que hacer las pericias oficiales. Esto es gravísimo, porque muchos peritos no saben, uno les habla de implantación y no saben qué es. ¿Cómo no lo vas a saber si estás trabajando con menores? ¿No sabés que hay estudios de campo? Todo eso viene de la psicología experimental, que es la más científica de todas las psicologías. Porque la psicología se basa en teorías, pero hablemos de lo que se comprobó. Para eso están los tests, en el marco de la psicología experimental. Esto es parte de lo que queríamos proponerles. Que no nos escucharon nunca, no nos llamaron. Vamos a ver si contestan dentro de los quince días el informe que presentamos. Y si no, insistiremos.

— Ahora, un juez, un fiscal, deberían poder semblantear, como se dice, en base a su experiencia, y darse cuenta o al menos intuir cuando una denuncia no tiene asidero.

— Sí, sí. Lo peor es eso. ¿Un fiscal puede tomar una denuncia que no se sostiene? Porque hay algunas que son realmente bizarras. Tienen que habilitar que todos puedan probar o justificar. Yo siempre les digo: no me crean a mí, déjenme que se los pruebe.

(Claudia Peiró - Infobae)

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 18/09/2022 | 23:00 Hs
Enviado por En La Pampa
En La Pampa existe un negocio perverso entre la justicia y algunos estudios de abogados privados de conocidos por militantes políticos, tambien algunos por interés económico que apoyan y usan esta aberración para su beneficio
 
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