El Ministerio de Justicia, a cargo de Germán Garavano, solicitó este viernes la remoción del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, que investiga una supuesta red de espionaje ilegal y extorsión con supuesta complicidad de funcionarios judiciales y los servicios de inteligencia oficiales.

La dura medida fue pedida por el Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, el órgano que elige y controla a los jueces, y se basa en la exposición que realizó el magistrado el miércoles ante la Comisión de Libertad de Expresión del Congreso de la Nación sobre el caso del falso abogado Marcelo D’Alessio.

En un comunicado enviado ayer por la noche, la cartera de Justicia informó que requirió al Consejo que investigue “el accionar del juez” por su supuesta “actuación irregular y violatoria de los deberes de imparcialidad y reserva que todo juez debe guardar respecto de las causas que tramitan ante sus estrados y en resguardo de los derechos de las partes involucradas”. Ramos Padilla expuso detalles del caso que investiga ante una comisión abierta en el Congreso.

El Ministerio pidió que se inicie una investigación para remover al juez en una nota que dirigió al representante del Ejecutivo ante el organismo encargado de designar y remover magistrados, Juan Bautista Mahiques, en la que habla de “clara intencionalidad” del juez por afirmar “como verdaderos extremos de la investigación que conforme sus propios dichos, todavía no han sido verificados”.

“Hizo de su investigación una cuestión política y mediática alejada del rol que la Constitución Nacional reconoce al Poder Judicial”, según el ministerio.

El juez Ramos Padilla tiene cita ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso para el jueves a las 11, cuando expondrá a puertas cerradas para 14 legisladores sobre las pruebas de una supuesta red de espionaje paraestatal dedicada a la extorsión de empresarios y la creación de causas judiciales. El caso volvió a poner a los servicios de inteligencia en el ojo de la tormenta y destapó conexiones con miembros de la Justicia.

Por esta causa, el fiscal de Delitos Complejos de Mercedes, Juan Bidone, fue apartado de su cargo y el fiscal federal Carlos Stornelli, a cargo de la causa de los cuadernos de la corrupción, es investigado en la Justicia y debe ser indagado el miércoles. La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y la embajada de los Estados Unidos debieron desvincularse oficialmente de D’Alessio por sus supuestos nexos con organismos de inteligencia nacionales y extranjeros.

El Ejecutivo avanzó ayer para que el Consejo de la Magistratura inicie uno de los procedimientos más graves contra un juez: su remoción del cargo. Para el ministerio, Ramos Padilla “no sólo careció de imparcialidad sino que tampoco demostró observar en forma alguna el deber de objetividad que la ley impone a quienes llevan adelante la acusación pública que, en la normalidad de los casos, son los representantes del Ministerio Público Fiscal”.

La cartera de Justicia incluso incluyó entre sus argumentos “la actitud confrontativa demostrada contra algunos de los legisladores, también exhibe un accionar incompatible con la prudencia y decoro esperados de un Juez Federal” y dijo que el magistrado demostró una “evidente finalidad política” al solicitar colaboración “a dependencias a las que no correspondía”, como la Comisión Provincial por la Memoria, que apoyó en un informe la teoría del juez sobre una red de espionaje ilegal con apoyo estatal, en lugar de a dependencias oficiales.

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