En medio de fuertes críticas a la política económica de la administración de Mauricio Macri , la oposición convirtió en ley en el Senado, con 37 votos a favor de la norma y 30 en contra, el proyecto que retrotrae el valor de las tarifas a noviembre del año pasado y que ya tiene garantizado el veto del Presidente.

El oficialismo se aferró a denunciar el alto costo fiscal que tendrá la iniciativa, que calificó de ilegal e irracional, y a reivindicar el veto de Macri.

Salvo un imponderable de último momento, la eventual alianza del PJ que conduce Miguel Pichetto (Río Negro) y el kirchnerismo, más algunas expresiones menores de la oposición, contaba ayer con el número suficiente para sancionar la polémica iniciativa tal cual fue aprobada por la Cámara de Diputados hace tres semanas.

De hecho, la oposición había fortalecido sus números con la presencia de la santiagueña Ada Itúrrez (Frente Cívico), de quien se había dicho que no iba a asistir por problemas de salud, y el nuevo cambio de postura del neuquino Guillermo Pereyra (MPN), quien terminó de dar un giro de 360 grados luego de que anteayer le dijera a Macri, en una reunión en la Casa Rosada, que iba a votar en contra del proyecto.

No obstante, el Poder Ejecutivo seguía trabajando para tratar de impedir la sanción de la ley. Buscaba vaciar el recinto al momento de la votación, para lo cual apostaba a extender todo lo posible el debate. Tampoco destacaban poder introducirle cambios a la iniciativa, lo que obligaría a su regreso en segunda revisión a Diputados.

Además de retrotraer las tarifas a sus valores de noviembre último, el texto impulsado por la oposición limita los futuros aumentos de los servicios públicos a la variación de los salarios, eleva de dos a tres salarios mínimos (casi 30.000 pesos) el universo de hogares alcanzados por la denominada tarifa social y ordena la devolución de los incrementos cobrados por las empresas.

Durante el extenso debate, más de 50 senadores se anotaron pata hablar, casi nadie defendió el proyecto opositor, sino que casi todas las intervenciones de la oposición se centraron en criticar la política tarifaria y, sobre todo, el rumbo económico del Poder Ejecutivo.

"Cómo no va a haber emergencia si hay gente que no puede cumplir con lo básico; esto no va a terminar bien", aseguró José Mayans (PJ-Formosa) en el inicio del debate, quien cuestionó "la brutal transferencia de fondos al sector privado" que lleva adelante el Gobierno a través de su política de tasas altas por las letras del Banco Central (Lebac).

Desde el oficialismo se cuestionó la irresponsabilidad fiscal del proyecto, cuyo costo el Gobierno estimó en más de $110.000 millones. "Es demagógico", lo calificó Esteban Bullrich (Pro-Buenos Aires). El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda también dijo que la iniciativa era "inconstitucional, porque interfiere en la facultad de las provincias y al gobierno nacional de fijar el cuadro tarifario" de los servicios públicos.

"El Congreso no tiene competencia para fijar tarifas, vamos a exponer al Estado a innumerables demandas", advirtió, por su parte, la riojana Inés Brizuela y Doria (UCR).

En línea con la postura esgrimida por Macri, también se escucharon acusaciones políticas que apuntaron a responsabilizar de la ofensiva opositora a supuestas intenciones electorales de Cristina Kirchner y Sergio Massa . "Están seguros del veto, tienen conciencia de los efectos negativos, por eso avanzan", se quejó amargamente Gladys González (Pro-Buenos Aires).

La réplica de Pichetto

Pichetto no tuvo inconvenientes en tomar el guante. "Este es un mensaje político para el Gobierno", afirmó antes de ingresar al recinto de la Cámara alta, anticipándose a los argumentos de la bancada oficialista.

"El Presidente tendría que dejar de decir eso de que nos conduce la señora (por Cristina Kirchner). A mí no me conduce la señora ni me conduce Massa, eso es una tontería", sentenció el líder de la principal bancada de oposición del Senado, quien recordó que, en los últimos dos años, su bancada se caracterizó "por la cordura" de sus posturas.

A pesar de rechazar la iniciativa y destacar que es impracticable la devolución de los aumentos que establece el texto, María Cristina Fiore Viñuales (Partido Renovador-Salta) también sumó su voz en contra de la política del Poder Ejecutivo.

"Las tarifas deben estar acordes a la capacidad de pago de los usuarios; hubo aumentos del 1800 por ciento", afirmó la senadora aliada del gobernador Juan Manuel Urtubey.

(La Nación)