Una jueza federal de la provincia de Chaco procesó con prisión preventiva a la diputada nacional Aída Ayala de Cambiemos, acusada de lavado de dinero cuando fue intendenta de Resistencia. Mientras su suerte judicial empeoraba, la legisladora fue internada en la madrugada de hoy en un sanatorio de la capital chaqueña, informaron sus familiares.

El procesamiento fue dictado por la jueza federal Zunilda Niremperger, quien también dispuso medidas similares para el líder del Sindicato de Municipales de Resistencia, Jacinto Sampayo y los empresarios Carlos Huidobro y Pedro Alberto Martínez, entre otros.

Fuentes judiciales precisaron que la jueza ordenó además embargos a distintas empresas bajo investigación y la inhibición general de bienes de Ayala y del resto de los procesados.

Ayala, quien tenía previsto fundamentar esta mañana su pedido de eximición de prisión ante la Cámara Federal de Apelaciones, no pudo presentarse debido a una "indisposición" por la que debió ser internada en la madrugada en un sanatorio de Resistencia.

Mientras tanto, la Cámara de Diputados tiene pendiente de definición el pedido de desafuero formulado por la Justicia federal, sobre el que debe pronunciarse la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el oficialista Pablo Tonelli.

Por su parte, la defensa de la legisladora, encabezada por el abogado y excamarista Ricardo Gil Lavedra, presentó una apelación documentada al tribunal de alzada. De acuerdo al letrado, el pedido de desafuero solicitado por la jueza Niremperger es "arbitrario".

En este sentido, Gil Lavedra señaló que la apelación presentada hoy explica "las razones" por las cuales la defensa de Ayala entiende que "no hay ningún motivo" por el cual la legisladora "deba estar detenida".

La legisladora debía presentarse mañana ante Niremperger para ampliar su indagatoria. Sin embargo, según indicó el excamarista, ahora hace falta "que los médicos la autoricen, para que pueda aportar todas las pruebas que demuestran su ajenidad a los hechos que se le imputan".

La causa

El fiscal Patricio Sabadini describió una serie de maniobras a través de las cuales se conformó una red de empresas que tenía como objetivo beneficiar a la exintendenta y "sus socios". TN.com.ar accedió al informe clave de la investigación.

"En el mes de febrero del año 2014, durante la gestión de Ayala, se inicia el proceso de licitación en el que finalmente resulta adjudicataria la firma PIMP SA. Dicho proceso estuvo rodeado de evidente irregularidad, que va desde un llamado a licitación hecho a medida, hasta la adjudicación a la única oferente PIMP SA, una firma también armada a medida", describe el escrito.

PIMP S.A. se constituyó el 30 de julio del año 2013 y obtuvo el reconocimiento del Registro Público de Comercio el 7 de marzo de 2014, es decir, siete días antes de que cierre la presentación de ofertas y apertura para contratar equipos que luego serían afectados a la recolección de residuos.

Los socios originales de la empresa eran Fátima Jessica Rigassio y Nidia Mabel Juárez, quienes según el fiscal son, en realidad, allegadas a Daniel Alejandro Fischer, a cargo de la compañía. El hombre es, a su vez, una persona del círculo íntimo de Aída Ayala y se desempeñó como su jefe de campaña.

Tiempo después, Pimp S.A. modificó su composición societaria e incorporó al paquete accionario a Eulalio Alfredo Bouza y las empresas “Sistemas de Administración y Control SA”, “TECMASA S.A” y “Logística Belgrano”. Se trata, siempre según el fiscal, de compañías que en realidad siempre fueron dueñas de PIMP S.A.

Fuente: TN