Consultado por el tratamiento en comisión del Senado de la “ley corta” de telecomunicaciones, Daniel Lovera comentó que “la idea de la Provincia, impulsada por el gobernador Verna, tiende a cuidar las autonomías provinciales y municipales para no quedar a expensas del descontrol”.

¿Cómo considera que puede afectar, tal como está planteado este tema, a las provincias?

Esta ley permite a las telefónicas usar infraestructura de proveedores de servicios públicos nacionales, provinciales y municipales, yo entiendo que para las provincias debería ser opcional porque debe respetar las particularidades de cada región de acuerdo a la realidad de la prestación de estos servicios. Pero tampoco podemos ser reduccionistas, esto no se trata únicamente de un control tecnológico, tenemos que pensar en lo que representan los sistemas de comunicación convergentes desde el punto de vista socio-cultural también.

¿Qué modificaciones imagina para el texto presentado?

En principio cambiar una palabra, tenemos que cambiar “deberán” por “podrán”  donde se habla de las adhesiones provinciales. La condición particular de cada territorio impone un abordaje especial en cada caso. Cuando hablamos de globalización tenemos que asumir responsabilidades. Si no somos reflexivos y medidos a la hora de proteger nuestra soberanía digital quedamos expuestos al abuso.

El concepto de soberanía para los alcances de la comunicación impuesta a partir de las nuevas tecnologías es un tema central para el Estado. El término “soberanía” tiene peso en sí mismo, esto no se trata de quién es el dueño de un rollo de cable o de un puñado de antenas, esto es grave y profundo. Si no trabajamos el carácter humano en la aplicación tecnológica, estamos perdidos como sociedad.

¿Y cómo podría avanzarse en estos cambios?

Es fundamental la participación de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales en este proceso, igual que la de las PyMEs. Si las pequeñas y medianas empresas de comunicación no se contemplan en este plan se quedan afuera del mercado, van a quebrar. Igual que las cooperativas y otras entidades de bien público.

En el caso de La Pampa, por ejemplo, que tiene tendido de fibra óptica en todo su territorio, es impensable resignar este manejo a manos foráneas por simples intereses comerciales, siendo algo que los pampeanos hemos construido con planificación y estrategia en mucho tiempo de trabajo y con una fuerte inversión. Resignar la soberanía, sea física o virtual, es atentar contra las libertades individuales de los ciudadanos, y ese punto es imposible dejarlo afuera de la discusión.

Llevar la discusión a todo el territorio, ¿no puede ralentizar demasiado el desarrollo de la ley?

No. Simplemente hay que crear la mecánica, las provincias tienen representación parlamentaria y, desde el Senado deberíamos poder trabajar con todo el arco institucional de las provincias rápidamente, para llegar con un planteo concreto del abordaje de esta ley a partir de la responsabilidad que nos compete.

Es imprescindible legislar sobre un tema tan central como este, pero no nos vamos a apartar de una mirada soberana y regional que le garantice a cada ciudadano la misma libertad por la que venimos trabajando, desde el pueblo y el Estado, hace más de doscientos años.