En una nota firmada por Emilia Delfino, el diario Perfil reveló este jueves que las juezas de la Sala B de la Cámara Comercial autorizaron la realización de una pericia contable de los libros comerciales de Sideco y Socma, empresas de la familia del presidente Mauricio Macri, para determinar si se desviaron fondos de Correo Argentino SA a las compañías del holding.

Así consta en el escrito al que accedió Perfil. El análisis había sido solicitado por la fiscal general Gabriela Boquín, quien investiga el presunto vaciamiento de Correo Argentino SA, otra compañía que perteneció a los Macri y que debe millones al Estado.

Las camaristas María Díaz Cordero y Matilde Ballerini ordenaron que el peritaje sea realizado por el Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales de la Corte Suprema. Implica que la Justicia podrá acceder a los movimientos contables de las compañías de los Macri. Boquín intenta determinar hasta qué punto habría llegado el supuesto vaciamiento de Correo Argentino SA.

Correo debe millones de pesos al Estado y debe negociar cómo los pagará. Para Boquín, la compañía está financiando gastos de Sideco y otras compañías de la familia Macri. Así lo sostuvo tras el análisis de algunos libros contables de Correo.

En diciembre, la Corte Suprema falló en contra de Correo Argentino SA. Entonces, el máximo tribunal rechazó un pedido de los representantes de los Macri que buscaban apartar a la fiscal Boquín de la investigación por supuesto vaciamiento de la compañía. La Corte confirmó que la fiscal tiene potestad para investigar esa línea. Boquín había detectado que Correo, una empresa sin actividad comercial y en concurso de acreedores desde hace 18 años, con sólo tres empleados y cinco directores, logró en 2016 una autorización judicial para retirar $ 1,6 millones y US$ 185.213 de sus cuentas congeladas.

Los fondos fueron destinados a supuestos gastos de funcionamiento: un contrato de alquiler de oficinas por US$ 18 mil mensuales; cargas sociales para gerentes de otras empresas de los Macri; y hasta una fiesta de fin de año para su escaso personal.

Los movimientos de la empresa son controlados por la Justicia Comercial, ya que la compañía está en concurso de acreedores y para mover sus activos, requiere una autorización judicial y una justificación. Acceder a los libros contables de Sideco y Socma podría revelar si el patrón de 2016 se repite en otros años.

Correo sostiene que “la fiscal de Cámara no es parte de este proceso, por lo que no tiene derecho a ofrecer prueba ni a solicitar informes” y que “ha confundido su funcionalidad con la de los fiscales penales”. Correo también dijo a la Justicia que la ley concursal no otorgaría a la fiscalía “función ni atribución alguna que la habilite a actuar en la forma en que lo hace”.

“La empresa no ha producido vaciamiento, sólo ha utilizado sus propios recursos para costear sus gastos y lo ha hecho con autorización judicial", explicó el abogado de Correo y Sideco.

(Perfil)