Las provincias petroleras ya recurrieron a la Justicia para reclamar por el congelamiento de precios de los combustibles y este lunes, 19 jurisdicciones harán lo mismo por la eliminación del IVA en los alimentos de la canasta básica y el aumento del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias.

Ante esto, el Gobierno Nacional sigue firme en su posición de no otorgar ningún tipo de compensación económica por la caída en la recaudación estatal que supondrían estas medidas. Sin embargo ahora comenzará a negociar con los mandatarios de manera individual.

Las reuniones bilaterales comenzarán este lunes próximo y las primeras convocadas serán las provincias que informaron experimentar problemas para pagar los salarios de septiembre y octubre, si se efectiviza lo que dispuso Macri por decreto.

El Consejo Federal de Inversiones (CFI) calculó que la aplicación de las nuevas medidas económicas oficialistas supondrían una pérdida de más de 57.000 millones de pesos en impuestos coparticipables para las arcas provinciales.

Algunos consideran que la acción presidencial obedece a una especie de desquite hecho por el Jefe de Estado de Nación hacia los gobernadores por la derrota sufrida en las PASO. Pero lo cierto es que la relación entre Macri y los mandatarios provinciales siempre fue tirante por casi cuatro años, principalmente porque el presidente tomó iniciativas que afectaban los recursos de la mayoría de los distritos argentinos.

La eliminación del Fondo Federal Solidario (FoFeSo), más conocido como Fondo de la Soja, cuyos reclamos todavía no han sido resueltos por la Corte Suprema, fue una de las primeras medidas en ese sentido.

Luego, a principios de 2019, Nación determinó traspasar el financiamiento de la tarifa social de distintos servicios públicos a las provincias. Y ahora, la quita del IVA en la canasta alimentaria básica y las modificaciones en Ganancias, invadiendo potestades que pertenecen al Poder Legislativo y no al Ejecutivo.

El titular del bloque de senadores del PJ, Carlos Caserio, presentó un proyecto de ley ayer viernes para compensar las medidas económicas que Macri tomó de manera inconsulta con la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), teniendo en cuenta el mismo porcentaje que estipula la ley de coparticipación.

Estos aportes son fondos pertenecientes a las provincias pero que administra el Estado central, quien puede decidir cuándo girarlos al interior, cuestión que se da ante situaciones críticas.

“No nos vamos a adelantar a una compensación general. El proyecto sobre los ATN que propone el PJ en el Senado tiene una baja probabilidad de que sea aprobado, porque esos fondos se otorgan por emergencia hídrica o desequilibrio económico y sería tomar una medida uniforme cuando no es la misma para todas las provincias”, explicó un vocero de Hernán Lacunza, el nuevo Ministro de Hacienda de Nación. Esta declaración puede leerse como un aviso de que si el proyecto llega a ser aprobado, no le temblará la mano a Macri para vetarlo y listo.

La lista de los gobernadores que serán citados por el gobierno nacional para mantener reuniones no se dio a conocer, pero se estima que podría incluir alrededor de diez mandatarios del norte argentino y la Patagonia.

La situación no es fácil debido a que el oficialismo tiene que revertir un panorama electoral muy complicado de acá a octubre, y su relación con las provincias podría incidir negativamente en su campaña sino la maneja con pericia. Un funcionario de Nación dijo que están “dispuestos a discutir si esa plata es de los contribuyentes o de los gobernadores”, dejando en claro que la posición del macrismo es de confrontación.

Otro elemento a tener en cuenta es que el reclamo de los Jefes de Estado provinciales no es hecho solamente por peronistas. También hay gobernadores radicales o aliados a Cambiemos que no están de acuerdo con el proceder de Macri.

Por lo pronto, La Pampa y 18 jurisdicciones más presentarán una medida judicial el próximo lunes para que la Corte declare inconstitucional y nulo el decreto presidencial que elimina el IVA en los productos de la canasta básica y sube el mínimo no imponible en el Impuesto a las Ganancias.