La semana pasada, cuando el Tribunal de Audiencia de Santa Rosa consideró culpables de los delitos de homicidio agravado por el vínculo, ensañamiento y alevosía a Magdalena Espósito Valenti y por homicidio agravado por ensañamiento y alevosía y abuso sexual a su novia Abigail Páez por el asesinato de Lucio el 26 de noviembre de 2021, el caso dio un importante giro y el arco político comenzó a mover sus fichas.
Luego del veredicto, la diputada provincial y candidata a vicegobernadora de la provincia, Alicia Mayoral (Frejupa, peronismo), confirmó que desde el bloque elevarán un pedido de jury de enjuiciamiento para eventualmente destituir a la jueza a cargo del Juzgado de Familia y el Menor N° 1 de General Pico, Ana Clara Pérez Ballester, porque le dio la tenencia de Lucio Dupuy a su madre Magdalena Espósito Valenti, que lo terminó asesinando.
Por estas horas, MaracóDigital pudo saber que la asesora de Niños, Niñas y Adolescentes de General Pico, Elisa Catán, correría la misma suerte que Pérez Ballester y también podría afrontar un jury de enjuiciamiento.
Mientras que Pérez Ballester será representada por el abogado Pablo Rodríguez Salto, Catán contaría con la defensa de una abogada piquense.
El calvario de Lucio en su corta vida
El nene, al separarse su madre Magdalena Espósito Valenti y su padre Christian Dupuy, en 2019 quedó viviendo en la ciudad de General Pico al cuidado de sus tíos. Poco después, Magdalena Espósito Valenti se puso de novia con Abigail Páez.
Ya a principios de 2020, la progenitora comenzó a pedir la custodia del nene con el argumento que, a diferencia del pasado, ya tenía una casa y trabajo. En ese marco, presentó diferentes denuncias contra la familia paterna que la familia Dupuy asegura que eran falsas.
En los primeros días de noviembre de 2020, finalmente, la jueza Ana Clara Pérez Ballester, a cargo del Juzgado de Familia y del Menor 1 de General Pico, dispuso que se les otorgara la tenencia completa del menor a Espósito Valenti y su pareja. En ese momento, al menos en el expediente, nadie manifestó de sospechas de violencia de la progenitora hacia el nene. Y un dato no menor que resaltan en los pasillos de Tribunales de Pico, frente a las denuncias que la magistrada recibió en los últimos días: no ordenó un estudio socioambiental, pero lo cierto es que no estaba obligada.
El nene estuvo unos 15 meses con su progenitora y su novia. El 15 de diciembre de 2020, es decir casi cuatro meses después de empezar a vivir en Santa Rosa, comenzó un peregrinaje por centros de salud: por traumatismos y hasta quebraduras -dedo, muñeca y mano-. En total, cinco ingresos al Hospital Evita y al Hospital Molas en solo tres meses. Ningún médico u otro profesional dio la alarma.
Según se dio por probado en el juicio, a partir de los análisis de las conversaciones de teléfonos entre las acusadas, era constantemente maltratado: le hacían pasar hambre y frío, lo mandaban en penitencia contra la pared durante largas horas, ponían excusas para que la familia paterna no pudiera verlo, y a veces no lo mandaban al jardín de infantes para que las maestras no vieran sus lesiones.
Además, se comprobó que tenía lesiones compatibles con abusos sexuales -del momento del crimen y de vieja data-. Incluso en un juguete sexual encontrado en el departamento se pudo establecer que tenía ADN de las dos imputadas y Lucio.