"Señores imputados, les hago saber que ustedes deben estar atentos y escuchar todo lo que suceda en el transcurso del debate, porque acá se va a resolver la situación procesal de ustedes. También les hago saber que tienen derecho a presar declaración, sin que ello pueda ser utilizado en su contra". La frase fue pronunciada por la jueza María Claudia Castro el 2 de enero pasado, al comienzo del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa.

Acompañada de dos varones, el vicepresidente del Tribunal Christian Rabaia, y el vocal Emiliano Lazzari, la magistrada miró a Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Franco Benicelli, Blas Cinalli, Ayrton Michael Viollaz, Lucas Pertossi y Luciano Pertossi. Les hizo saber sus derechos y les presentó a las partes, además de advertirles que si optaban por declarar a lo largo del proceso, podrían qudar "sometidos a preguntas que puede hacer la parte contraria".

Aquella jornada quedó atrás, y la etapa final del juicio está por arrancar. Después de las testimoniales, la querella, la defensa y la Fiscalía tendrán la posibilidad de exponer sus alegatos entre el 25 y 26 de enero próximo. Serán dos días clave para este Tribunal bonaerense, que luego tendrá que definir si los ocho acusados son condenados, y qué pena les cabe por su responsabilidad en el asesinato ocurrido el 18 de enero de 2020, en Villa Gesell.

Los tres jueces tienen una amplia carrera en la Justicia. Castro, presidenta del Tribunal, cargo que asumió en 2013, es conocida por la intervención que tuvo durante el Caso Cabezas. Es que fue secretaria del juez Juan José Macchi, y al poco tiempo, ya con el inicio del primer juicio por el asesinato del reportero gráfico de la Revista Noticias, se convirtió en fiscal de instrucción, y se integró al equipo de fiscales acusadores del juicio.

"En lo personal significó una carrera acelerada en todo lo que es el procedimiento penal (...). Nos marcó a los tres fiscales que intervenimos. Había que organizar el trabajo y sistematizar en muy poco tiempo (...). Los tres creo que nos sentimos orgullosos de haberlo podido afrontar", recordó la jueza en una entrevista con El Diario AR.

Dueña de un estricto bajo perfil, la funcionaria judicial es oriunda de Azul, y estudió Derecho en la Universidad Nacional de La Plata, para luego desarrollar la mayor parte de su carrera en Dolores. Está a cargo del Tribunal de Juicio de una localidad bonaerense como cualquier otra, pero que tiene una lógica estratégica desde la dimensión judicial: tiene jurisdicción en casos ocurridos en más de una decena de partidos, entre ellos, los de la Costa, como General Madariaga, Partido de La Costa, Pinamar y Villa Gesell.

Los otros integrantes del Tribunal

Como se mencionó antes, la magistrada está acompañada por el juez Christian Ariel Rabaia, que a pesar de ser el más nuevo (llegó en 2019), es vicepresidente del Tribunal. Antes había tenido un paso por el Ministerio Público Fiscal, y en su acto de jura estuvo presente Castro, y también el fiscal Juan Manuel Dávila, a quien escuchará alegar el 25 de enero próximo en el juicio por el caso Báez Sosa.

Emiliano Javier Lazzari, en tanto, forma parte del Tribunal desde el 2018, cuando llegó para cubrir una vacante que se había abierto.

Su llegada fue por decisión de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Es que forma parte del Cuerpo de Magistrados del Máximo Tribunal bonaerense, que se utiliza para cubrir lugares que estén libres por ausencia de los jueces titulares, en cualquiera sea la instancia judicial, tal como consignó NA.

Es probable que los tres magistrados convoquen a una audiencia el próximo 31 de enero. Para ese día, o a lo sumo unos días después, se estipula que ya tengan elaborada la sentencia con las condenas a cada uno de los acusados, después de analizar un cúmulo de pruebas formado por videos, fotos, audios y chats, además de las documentales como pericias y la autopsia, producidas durante la instrucción de la causa.

Entre la presión social y la racionalidad del Código

El caso Báez Sosa despertó de entrada una fuerte sensibilidad social por sus características. Se contó la historia de un joven de 18 años que viajaba por primera vez a la costa junto a sus amigos, y en el interín fue abordado por un grupo de rugbiers que le pegaron a mansalva, sin mediar palabra ni fuerza, y con el objetivo de matarlo, según la narrativa que han elegido contar tanto el abogado Burlando como la mayoría de los medios de comunicación.

Desde esa lógica se generó una fuerte presión para que los acusados sean condenados a prisión perpetua, que pasen el resto de su vida en la cárcel. Y los tres integrantes del Tribunal son los destinatarios de esa presión, que nada debería significar en el terreno judicial atravesado por la racionalidad.

En esa línea, hay conocedores del Derecho que sostienen una teoría diferente a la perpetua, exigida por Burlando.

Uno de ellos es el abogado penalista Juan Pablo Fioribello. "Los detenidos por el crimen de Fernando Báez Sosa tienen una responsabilidad penal diferente, y son diferentes las penas que van a recibir. Entiendo que han cometido un crimen que a mi entender sería un homicidio simple, con penas de 8 a 25 años de prisión, una de las más duras del Código Penal. A mi juicio no estarían acreditados los agravantes, lo que implicaría una perpetua. No creo que el Tribunal se incline con los elementos que hay reunidos, a una condena de ese estilo", le dijo a Perfil.

A su vez, el letrado sostuvo que si bien "en la calle algunos quieren venganza, lo que hay que dar acá es Justicia, y creo que va a encontrarla en el homicidio simple". De todos modos, cuestionó la "falta de arrepentimiento" y la estrategia de la defensa, de ir contra quienes le hicieron RCP a la víctima. "Todo eso creo que también se va a merituar, y que estos chicos tienen que cumplir una durísima pena, pero no entrar en la venganza", agregó.

(Fuente: Perfil)