El juez federal Ariel Lijo investigará la presunta comisión de delitos en el financiamiento de las campañas electorales de Cambiemos de 2015 y 2017.

El magistrado quedó al frente de ambas investigaciones después que el fiscal federal Ramiro González concluyera que son competentes para asumir las dos pesquisas, según consignó el periodista Hugo Alconada Mon del diario La Nación. 

En su dictamen, el fiscal González concluyó que él y Lijo son competentes para instruir ambas pesquisas sobre aportes supuestamente apócrifos, lavado de dinero y falsedades documentales. Asimismo el funcionario judicial sugirió nuevas medidas de prueba para determinar si Cambiemos delinquió.

El caso

La investigación sobre la campaña presidencial de 2015 comenzó en manos del fiscal federal con competencia electoral en la Capital, Jorge Di Lello. 

En ese expediente, González sostuvo que las maniobras bajo sospecha "consistirían en el pago a diferentes proveedores de millonarias sumas dinerarias en negro durante la campaña electoral, así como el desvío de recursos pertenecientes a la Ciudad de Buenos Aires -desde el Ente de Turismo, en ese entonces a cargo de Fernando De Andreis- con el objeto de afectarlos a gastos relativos con las elecciones presidenciales".

La pesquisa por los aportes de 2017 a la campaña que lideró la gobernadora María Eugenia Vidal, en tanto, comenzó con una investigación periodística a cargo de Juan Amorín, acerca del uso de beneficiarios sociales como presuntos aportantes y tuvo lugar en La Plata, y en los tribunales porteños de Comodoro Py, donde la impulsó Sebastián Casanello hasta que fue apartado en febrero de este año. 

Antes que eso suceda, el magistrado ya había separado un tramo de la pesquisa y lo envió a sorteo, que recayó en el juzgado del juez Luis Rodríguez, quien al mismo tiempo las actuaciones con las que ya tenía el juez Lijo, se declaró incompetente y se lo remitió.

Maniobra

Luego de que estallara el caso, a mediados de 2018, se generaron varios expedientes judiciales y se amplió la investigación. No sólo se comenzó a investigar la campaña bonaerense de 2017 sino a las presidenciales de 2015 y a las legislativas porteñas de 2017, ya que las maniobras se repetían en las tres recaudaciones.

La investigación busca determinar si el oficialismo utilizó las identidades de ciudadanos humildes y empleados de empresas proveedoras del Estado para simular contribuciones de dinero a las campañas.

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