La vivienda particular del exempresario santarroseño Miguel Calamari, ubicada en Villa Martita, fue allanada ayer por la Brigada de Investigaciones.

El caso está en manos del fiscal Guillermo Sancho que mantiene riguroso silencio.

El procedimiento -que tuvo un despliegue inusual- sorprendió a los vecinos. Todas las fuentes policiales consultadas se negaron a brindar información. "El único que sabe es el fiscal Sancho", dijo un policía.

Todo tendría su origen en una denuncia efectuada por el actual propietario de la concesionaria que tuvo Calamari en la avenida Luro: dice que le habrían provocado "un perjuicio económico" que a valores del año 2019 rondaría los 20 millones de pesos y estaría vinculado a "planes de ahorro".

Por el caso ya fueron formalizadas tres personas bajo la acusación "estafa" y "uso de documento privado falso".

Juicio abreviado

A fines del mes de marzo de este año, Calamari acordó un juicio abreviado que contempla una condena de 2 años y 4 meses de prisión condicional por el delito de estafa.

El exdueño de la concesionaria Renault de la capital pampeana admitió que falsificó firmas para obtener dos créditos bancarios por 8,6 millones de pesos en el marco de la debacle financiera de su empresa, hace siete años.

Calamari estaba al frente de la concesionaria y en 2014 había lanzado su candidatura a gobernador por el Frente Renovador de Sergio Masa, actual presidente de la Cámara de Diputados, respaldado en ese momento por los diputados provinciales de Pueblo Nuevo, Darío Hernández y el pastor Daniel Robledo.

Sin embargo, sus problemas financieros y judiciales hicieron que bajara esa candidatura antes de las elecciones de aquel año. En mayo de 2017 la acusación del delito de estafa fue formalizada en la justicia. La maniobra, entre 2015 y 2016, fue por 8,6 millones de pesos. En el acuerdo de juicio abreviado presentado, al que accedió El Diario, Calamari admitió responsabilidad en la estafa.

En una audiencia realizada en la Ciudad Judicial, el fiscal Guillermo Sancho y el abogado Jose Mario Aguerrido, defensor de Calamari, presentaron un acuerdo de juicio abreviado ante el juez de control en la denuncia por estafa. Agregaron la constancia al expediente de la quiebra del empresario, del 15 de mayo de 2017.

Los hechos imputados en la investigación judicial son uso de documento público falsificado en concurso ideal con estafa en dos oportunidades, que concursan en forma material con el delito de estafa en dos hechos, que concursan en forma material entre sí.

En el acuerdo, la fiscalía y el abogado defensor solicitaron la pena de 2 años y 4 meses de prisión de ejecución condicional, y 2 años de reglas de conducta. El abogado defensor planteó que el imputado prestó conformidad. Y el mismo Calamari ratificó en la audiencia que está de acuerdo con recibir esa pena y le pidió al juez que la sentencia no se haga pública.

Dos bancos y un agenciero

El Fiscal General Guillermo Sancho presentó la acusación contra Calamari en una audiencia que se realizó el 22 de mayo de 2017, en la que imputó a Calamari y un socio dos estafas en perjuicio del Banco de La Pampa, el Banco Macro y un particular, Miguel Díaz, uno de los más importantes dueños de agencias oficiales de Renault del país.

Calamari y su socio presentaron entre abril y mayo de 2015, con firmas falsificadas y folios apócrifos, una fianza a nombre de Miguel Díaz en el BLP por 1,5 millón de pesos en beneficio de Calamari. Además, presentaron una fianza similar, aunque para respaldar operaciones por 7,5 millones de pesos, en el Macro. También con firmas falsificadas y folios apócrifos.

Esto provocó que la firma Calamari S.A. se viera beneficiada por el monto antes indicado, con el consecuente perjuicio para los bancos, como para Miguel Díaz.

La causa se inició por la denuncia presentada por el apoderado del Banco de La Pampa, Raúl Alfredo García, en la que concretamente puso en conocimiento del hecho que damnificó individualmente al Banco.

Entre 2015 y 2016, el empresario y excandidato a gobernador emitió unos 200 cheques voladores que llevó a la firma de autos a un concurso preventivo. Se presentaron un total de 49 acreedores que reclamaron unos 80 millones de pesos.

Por otra parte, en la madrugada de setiembre de 2016, le quemaron un auto y parte del garage de la casa a la familia Calamari. Allí vivía María Domínguez, exesposa de Miguel Calamari y accionista en aquel entonces de la empresa concesionaria de autos Calamari, y sus hijos.

La investigación apuntó a que el ataque a la vivienda tuvo relación con la situación financiera del entonces titular de la concesionaria de autos. La familia Calamari venía siendo amenazada en los últimos días. Presuntamente, le reclamaban el pago de una deuda por parte de los Calamari. Finalmente, en octubre de 2019 se supo que la familia Calamari vendió la empresa.

(El Diario)