El procedimiento realizado por la policía Federal por orden del juez federal de Junín, en el marco de la investigación por la supuesta represión en los episodios registrados en el Meridiano V en febrero de 2016, culminó con el allanamiento de la vivienda del productor periodístico Oscar “Chango” Gutiérrez, con el fin de obtener el material fílmico en crudo de aquellos episodios.

Lo llamativo de este tipo de medidas es la virulencia con que se actúa, cuando el episodio ocurrió hace mas de dos años, a partir de la declaración del supuesto sospechoso de dar la orden de reprimir a los vecinos de Villa Sauce.

La “orden” del juez Pedro Pou, además de extemporánea, dista mucho con los cánones que se supone dispone la justicia, porque Gutiérrez no fue citado en ningún momento por el titular del juzgado de Junín a quien sin dudas hubiera provisto del material requerido, a fin de aportar claridad a la investigación de un episodio que fue público y se reflejó en todos los medios regionales y nacionales de la época.

El atropello desplegado contra la vivienda del productor periodístico, no deja de ser una señal de los tiempos que vivimos, donde los derechos comienzan a vulnerarse de una forma que parece “natural”, en pos de dilucidar episodios que ya están resueltos, porque en el Meridiano V hoy, todo fluye con normalidad.

El allanamiento y secuestro de una pc

Tenemos que tener en cuenta qué es lo que necesita la justicia y qué es lo que necesita el usuario. Si se trata de un correo electrónico, que puede obrar dentro de la pc, lanzado desde los programas preparados para ello, basta colocar un PEN DRIVE, y sacar el dato específico que se busca. La justicia, sobre todo la penal, tiene la costumbre de llevarse todos los componentes, cuando, por ejemplo, allana un domicilio, un lugar geográfico, lo que busca, no es toda la casa. Pues, la casa, es la computadora. No se puede allanar toda la casa con todos los componentes, como grifería, caños de gas, electrodomésticos, etc.

De la misma manera, es altamente inconstitucional el decreto por el cual, el Poder Judicial determina llevarse toda la unidad de computación. Las computadoras no se allanan, se allanan los domicilios, y se secuestra del domicilio aquello que es importante para la dilucidación de un asunto.

La justicia, no puede cumplir una función de prevención decidiendo llevarse todo, para la prevención de algún delito. Los datos inmersos en las computadoras son duplicados en cualquier dispositivo externo, por lo que el dato, que puede consistir en un ilícito cualquiera, que quede en la pc, en la unidad de disco fijo, por ejemplo, por cuanto deja incomunicada a la persona que es la que usa esos bienes de telecomunicación y de trabajo. Y si comete otro delito por medio informático, sea de orden civil, penal o ambos, es otro tema distinto. Pero preventivamente esto no puede funcionar de la manera en la que suelen hacerlo. Semejante exageración involucra un enorme abuso, que puede dar lugar a la nulidad de lo actuado, un atropello de una magnitud incalculable.

(Guía en La Pampa)