La próxima semana prescribirá la causa judicial por uno de los crímenes que más impactó a la opinión pública nacional: el asesinato de Nora Dalmasso en el barrio Villa El Golf, de Río Cuarto el 25 de noviembre de 2006. Pasados 15 años, la prescripción solo se interrumpe para el único acusado, Marcelo Macarrón, quien enfrentará un jurado popular, procesado por “homicidio calificado por el vínculo, alevosía y precio o promesa remuneratoria”. Para la fiscalía, pues, pagó para que mataran a su esposa. El debate será en la primera mitad del 2022 —presumiblemente, entre marzo y abril próximo— y pasarán unos 250 testigos.

Los hijos, Facundo y Valentina, apoyan al padre. Hace dos años, los jóvenes escribieron una carta para el diario riocuartense Puntal: “Justicia para nosotros no es señalar a alguien con el dedo sin prueba alguna, como ha venido sucediendo durante todos estos años. Justicia es obrar y juzgar respetando la verdad. Lo que nunca hicieron quienes estuvieron a cargo de la investigación por el crimen de nuestra mamá fue buscar la verdad. Prefirieron ocultar los miles de errores investigativos e ir por el camino más fácil: apuntar a la familia, los más vulnerables, amedrentarnos, y callarnos”.

Pese a que advirtieron que lo serían, nunca se constituyeron en querellantes. La única que tiene ese rol es Nené Grassi, la madre de Nora, pero desde 2016 no tiene abogado, por lo que en el juicio será representada por una letrada designada por el Tribunal. La Cámara que juzgará a Macarrón ya está constituida (Daniel Vaudagna, Natacha García y Gustavo Etchenique Esteve); falta la designación de los jurados populares, que serían sorteados en febrero.

La última novedad de la causa no tiene relación con el crimen, sino con su cobertura periodística; en octubre, el Procurador Fiscal ante la Corte Suprema recomendó al máximo órgano judicial del país que revoque la sentencia por la cual el Tribunal Superior de Justicia condenó al periodista Hernán Vaca Narvaja. Es el único condenado, pero por daños y perjuicios. Víctor Ernesto Abramovich Cosarin, el procurador, planteó que debe quedar sin efecto la orden de indemnizar a los hermanos Valentina y Facundo Macarrón, quienes recurrieron a los tribunales por sentirse “agraviados e injuriados” por la cobertura del caso que el periodista hizo desde su publicación mensual El Sur – la Revista del Centro del País.

El cuerpo de Dalmasso está en el Parque Perpetual, de Río Cuarto; en tierra, junto a su padre, Enrique. Recibe algunas visitas, aunque, a medida que pasa el tiempo, menos curiosos llegan hasta ese cementerio privado; igual, su tumba siempre tiene flores. Como en los primeros años después del crimen, cuando hasta su vida sexual fue ventilada abiertamente, incluso en declaraciones de su viudo.

La noche del 25 de noviembre, Dalmasso cenó con unas amigas —se autodenominaban las “congresistas”, y declararon que durante aquel encuentro, Nora estuvo atenta al teléfono móvil— y les dijo que regresaría a su casa. “No me molesten en todo el fin de semana”, advirtió, de forma enigmática, al retirarse tras la comida.

El domingo, un vecino la encontró muerta sobre la cama de su hija, Valentina; Nora tenía el cinto de la bata atado al cuello y estaba desnuda. Por la escena del crimen pasaron más de 20 personas; obviamente, la alteraron. La primera hipótesis apuntó a la muerte como epílogo de un juego sexual. Empezaron a circular nombres de supuestos amantes de la mujer.

La autopsia reveló que Dalmasso fue estrangulada con doble lazo y dos nudos, que había tenido sexo consentido (tenía lesiones vaginales y anales) y que el asesino la había golpeado en el pecho, la cabeza y el codo. La había inmovilizado.

Mientras, ese mismo fin de semana, Macarrón jugaba un torneo de golf, que ganó, en Punta del Este; Valentina estaba en los Estados Unidos y Facundo, en la ciudad de Córdoba, donde estudiaba. Después del crimen trascendió que el matrimonio tenía problemas, que ella quería divorciarse y que había discusiones por el reparto del dinero.

Danza de nombres y sospechas

En las investigaciones se planteó que durante su última cena Dalmasso intercambió mensajes con el contador Guillermo Albarracín, esposo de una de las “congresistas”; ambos salían una vez al mes. También tenía vínculos con el entonces asesor del Ministerio de Seguridad de la provincia, Rafael Magnasco, quien se presentó a la Justicia para ofrecer una muestra genética para quedar fuera de las sospechas. Había rumores de relaciones íntimas con Michel Rohrer, un empresario francés, amigo, que fue indagado hace dos años.

En medio de ese laberinto, el hilo se cortó por lo más fino y el fiscal detuvo a Gastón Zárate, quien estaba haciendo un trabajo de pintura en la casa de Dalmasso.

Río Cuarto se movilizó para defenderlo. La marcha quedó en la memoria popular como “el Perejilazo”. Cuando el joven fue liberado —pero se le mantuvo la acusación—, las sospechas de la Justicia apuntaron a Facundo, el hijo de la víctima. Quedó en la mira porque el ADN encontrado en el cuerpo de la mujer y en el cinto de la bata era de un Macarrón.

Recién en 2012 ambos procesados (el hijo y el “perejil”) quedaron al margen de las sospechas. Facundo Macarrón estudió en los Estados Unidos y en Francia, y en 2019 fue designado jefe de Sección Consular, Política y Cultural de la embajada argentina en Egipto.

La causa se movía en el barro. Se descubrió que Daniel Lacase, abogado y amigo de Macarrón, había pagado los dos meses de hotel de los policías que llegaron a Río Cuarto a investigar; el entonces Jefe de Homicidios terminó procesado por fraude. Cinco fiscales desfilaron por el expediente; un fiscal general debió renunciar y el escándalo político demoró varios meses.

La acusación al viudo

Macarrón primero fue acusado de homicidio porque se halló semen en el cuerpo de Nora. Pagó una fianza de tres millones de pesos. Con otro fiscal, la causa fue recaratulada como “homicidio calificado por precio o promesa remuneratoria agravado por el vínculo”.

La elevación a juicio la realizó el fiscal Luis Pizarro, cuya acusación será retomada en el juicio por el fiscal de Cámara Julio Rivero, quien ya tuvo participación en causas conexas cuando estaba en Instrucción. Pizarro sostuvo que Macarrón “contrató a una persona para dar muerte a su esposa, por precio o promesa remunerativa” y que “para lograr este objetivo el acusado le suministró información y, presumiblemente, le entregó el juego de llaves de la casa”.

No identificó a los autores materiales del crimen ni tampoco explicó cómo ni con qué les habría pagado Macarrón. Si se diera con ellos ya no podrían ser juzgados porque la causa habrá prescripto.

(La Nación)