La crisis venezolana subió ayer un nuevo escalón. La destituida fiscal general Luisa Ortega Díaz presentó ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya una serie de pruebas contra el presidente Nicolás Maduro y contra varios de sus ministros para que sean investigados por presuntos crímenes de lesa humanidad. Además, solicitó una orden de captura internacional contra el mandatario.

Ortega se reunió ayer durante casi una hora y media con personal de la Fiscalía de la CPI para presentar “más de mil elementos probatorios”, entre ellos “reconocimientos médicos legales, reconocimientos psiquiátricos, inspecciones técnicas y entrevistas”.

Esas pruebas, recolectadas entre 2015 y 2017, mientras ella era la fiscal General de Venezuela, demostrarían las responsabilidades del Gobierno en crímenes de lesa humanidad, incluidos “asesinatos, torturas, encarcelaciones, así como un ataque sistemático y generalizado contra la población civil”, comentó Ortega.

La exfiscal dijo que se vio “en la necesidad” de acudir a este tribunal porque “en Venezuela no hay Justicia”.

Ortega habló de “un ataque sistemático y generalizado contra la población civil”. Según ella, “funcionarios policiales y militares” asesinaron a 1.777 personas en 2015; a 4.667 en 2016, “bajo las mismas condiciones”, y a 1.846 hasta el mes de junio de 2017.

La exfiscal, que presidió el Ministerio Público de Venezuela entre diciembre de 2007 y agosto de 2017, incluyó en la denuncia la Operación para la Liberación del Pueblo (OLP), por la cual “fueron asesinadas 505 personas” y cuyos responsables habrían sido “grupos tácticos de combate”.

Todos esos crímenes se habrían cometido “bajo las órdenes del Ejecutivo” y amparados “en un plan que persigue el Gobierno de limpieza social”, indicó la depuesta funcionaria, que en su breve intervención ante los medios utilizó dos veces el término “razia” para describir los supuestos delitos.

“La militarización de la seguridad ciudadana tuvo como consecuencia que se permitiera el uso de las armas de fuego en las manifestaciones, lo que también trajo como consecuencia muertes y represión hacia el pueblo de Venezuela”, apuntó.

Los señalados

Además de implicar a Maduro, la exfiscal señaló a los ministros venezolanos Vladimir Padrino López, responsable de Defensa, y Néstor Reverol, de Interior y Justicia, así como al director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Gustavo González López, y el jefe del Gobierno del Distrito Capital, Antonio Benavides Torres.

“Nicolás Maduro y su gobierno deben pagar por estos delitos de lesa humanidad”, expresó Ortega, así como “por el hambre, las miserias y las penurias a las que está sometido el pueblo”.

La exfiscal se dirigió directamente a la ciudadanía venezolana, a la que le pidió “paciencia y esperanza” porque sus denuncias “van a ser exitosas”.

Ya son varias las solicitudes de investigación que La Haya ha recibido sobre Venezuela, país que no figura en el listado de “exámenes preliminares” de su Fiscalía.

Pero los informes y expedientes entregados ayer podrían tener un mayor efecto porque no se basan sólo en testimonios de víctimas, sino también en informes técnicos que configuró el Ministerio Público de Venezuela.

Las pruebas presentadas por Ortega estuvieron en manos del sistema de Justicia venezolano, pero no se utilizaron posteriormente porque el Ejecutivo hizo todo lo posible para detener las investigaciones, explicó el equipo legal de la exfiscal.