Entre febrero de 2016 y abril de 2017, la intervención a cargo del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), por delegación del juez federal Rodolfo Canicoba Corral y bajo órdenes del ministro Jorge Triaca, contrató a 172 personas según documentación de la AFIP a la que accedió Perfil.

Esta cifra parcial, porque solo abarca la primera etapa de la intervención, muestra el alcance que tuvo el manejo de contratos que esta semana se convirtió en escándalo al conocerse el caso de Sandra Heredia, la empleada de la familia Triaca, que dividía su tiempo entre la quinta del ministro y el trabajo en el gremio.

Entre los 172 nombres relevados por este diario aparecen ex empleados de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y Santa Fe, de la Tesorería de la Provincia y el Renatre, entre otros organismos públicos provinciales y municipales. Esto marca un claro indicio de que el SOMU se convirtió en una agencia de contrataciones públicas más, a tono con una modalidad que tanto se criticó cuando el actual partido de gobierno estaba en la oposición. En este caso, se hace con los fondos, no ya del Estado, sino de los afiliados de un gremio envuelto en un vendaval por las denuncias y procesos judiciales contra su ex secretario general, Omar “Caballo” Suárez.

También aparecen en la lista de los contratados apellidos conocidos en el ambiente judicial, como el caso de un familiar del abogado Maximiliano Rusconi. El letrado explicó que solo trabajó por un breve período –dato corroborado por este medio– y que no fue por sus vinculaciones en la Justicia. También explicó que su familiar atravesaba una situación particular que la obligaba a buscar un trabajo fijo, en reemplazo del que realizaba en el estudio jurídico al que volvió luego de tres meses.

Otro empleado designado por Trabajo en el SOMU, Oscar Scarcella, llegó al gremio luego de cargos en la gobernación bonaerense, la Universidad de La Plata y Aguas Bonaerenses SA, entre 2012 y 2017. Según indicaron fuentes del gremio, tendría una relación con Guillermo Scarcella, un abogado cercano al juez federal Rodolfo Canicoba Corral, denunciado por Elisa Carrió y vinculado a la gestión provincial de Daniel Scioli.

Los empleados con antecedentes en el sector marítimo son minoría. Sí hay contratados con experiencia en otro sector privado: la seguridad. Algunos de los cuales han pasado luego a otras instituciones del Estado y al sindicato que parece ser el próximo coto de caza de contratos: la Unión de Personal de Seguridad de la República Argentina UPSRA.

Desde el despacho de la senadora Gladys González, principal figura de la intervención hasta febrero de 2017, aclararon que estas contrataciones se deben a las “amenazas permanentes por parte del Caballo Suárez”. Sobre el resto de los contratados, indicaron que no eran por tiempo indefinido y que en al menos 65 casos se debe al pedido del juez de reemplazar a los delegados de todas las seccionales. Además, explicaron que la planta total solo creció en treinta empleados, porque fueron desafectadas personas vinculadas a Suárez y se eliminaron contratos de tercerizados.

El número total de contrataciones realizadas durante la intervención del SOMU es aún un misterio, pero todo apunta a que se superaron con holgura los más de 250 contratos denunciados por Sandra Heredia. De hecho, ella misma fue designada en abril de 2017, tras la salida de González.

Convenios. El manejo de contratos laborales no se limita al gremio, porque parte de la tropa propia que trabajó y trabaja aún en la intervención lo hace a partir de una criticada modalidad de contratación: los convenios con universidades.

El Ministerio de Trabajo mantiene un convenio, heredado de la gestión de Carlos Tomada, con la Universidad de La Matanza, que lo habilita a contratar trabajadores sin los mecanismos de transparencia que imponen las normas que regulan el empleo público. En 2016, el Gobierno creó un registro de estos contratos que permitiría trasparentarlos, gestionado por Educación en colaboración con Modernización, pero no está vigente. Según indicaron fuentes gubernamentales estará en funcionamiento a partir de febrero de 2018.

Bajo esta modalidad trabajan el principal operador del ministerio en el gremio, Alejandro “Serrucho” Alvarez, y el cuñado de Triaca, Jorge Borsalino, casado con Verónica Triaca, quien fue recientemente designada como directora del Banco Nación. Borsalino fue, según Heredia, el encargado de gestionar su despido como casera de la familia Triaca.

Según fuentes de la intervención, Borsalino está trabajando en estos días en la transición que abrirá la caja de secretos que encierra el SOMU. La “llave” debe pasar al secretario electo Roli Durdos, quien lideró una coalición que venció al candidato sindicado como cercano al Gobierno, con la ayuda de Pablo Moyano. El dato es importante, porque ocurre en un momento de máxima tensión entre el oficialismo y la familia gremial. Hay quien habla ya de un “vuelto” de los Moyano por las acciones judiciales impulsadas desde la Unidad de Información Fiscal (UIF).