En el mundo del derecho privado existe el beneficio de inventario, una manera de aceptar una herencia por la cual los herederos no se hacen cargo con su patrimonio de las deudas del fallecido. En el derecho público eso no pasa y los gobiernos heredan al anterior.

El Estado argentino tendrá que pagar por las formas y los actos de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. A última hora de anoche, el tribunal arbitral del Banco Mundial (Ciadi, según las siglas en inglés) condenó al Estado argentino a desembolsar más de U$S 320 millones al grupo español Marsans por los daños que le infringió cuando -en 2008- expropió Aerolíneas Argentinas, Austral, Aerohanding, Optar y Jet Paq.

En el Gobierno esperaban novedades ya que el 25 de enero de este año, el tribunal arbitral se dio un plazo de 180 días para dictar el laudo. Cuidadosos de los tiempos, los árbitros decidieron en tiempo y forma. Anoche, la comunicación llegó a los abogados del Estado.

El Ciadi dijo que "el demandado incumplió el artículo IV del Tratado al no haber entregado a las demandantes un trato justo y equitativo de sus inversiones". Además, citó otros artículos referidos a la violación por parte de la Argentina del tratado de protección de inversiones.

En un laudo de más de 500 páginas, el tribunal condenó al país a pagar 23,76 millones de dólares más intereses a los demandantes en conceptos de compensación por los daños causados por la expropiación.

El pase de manos de Aerolíneas se realizó en medio de fuertes polémicas. El gobierno kirchnerista tomó la empresa y mandó un proyecto para declararla de interés público. Esa ley le entregó facultades al Ministerio de Planificación para que sea el ejecutor del Congreso.

Con amplia mayoría, tanto diputados como senadores aprobaron el proyecto. Luego se pidió al Tribunal de Tasaciones de la Nación que valuara los activos. Ese trabajo entregó un valor negativo de 832 millones de dólares, muy lejos de los 600 millones de dólares que decía Marsans que valía el grupo de compañías.

Como las partes no se pusieron de acuerdo, poco después de la estatización se inició un juicio. Entonces, el Estado depositó un peso como valor simbólico y se hizo de la empresa. Pocos días antes de la primera audiencia en el Ciadi, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Enrique Lavié Pico reconoció el derecho del Estado a la expropiación de acciones de las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas, que en 2008 estaban en poder de la firma Interinvest Sociedad Anónima.

En ese expediente se tomó como válido el trabajo que hizo en 2008 el Tribunal de Tasación de la Nación y que estableció que al momento de la estatización las sociedades anónimas Optar, Jet Paq, Aero Handling, Aerolíneas Argentinas y Austral tenían un valor negativo de 3275 millones de pesos, equivalentes a 949,4 millones de dólares.

El Estado tomó el control de la empresa y colocó primero como presidente a Julio Alak y, después, a Mariano Recalde.

Finalmente el Ciadi ubicó la vara más cerca de lo que pedía Marsans que de lo que estableció aquel Tribunal de Tasaciones.

Fuente: La Nación