El jefe de Gabinete, Marcos Peña, la preferencia del Gobierno Nacional para con Mendoza en el marco del conflicto que La Pampa mantiene con esa provincia por la apropiación del río Atuel.

Ante los dichos de Peña, el Gobierno Provincial salió con un fuerte comunicado:

“Sin medias tintas, en declaraciones a un medio mendocino, el funcionario nacional aseveró que “fueron muchos años de falta de una política estratégica que supere el diferendo y que permita el desarrollo de inversión en el que, en algunos casos, Mendoza se vio perjudicada”.

Independientemente de cuál sea la opinión de Peña –libre de opinar lo que quiera, como cualquier argentino- sus palabras no son sólo palabras: por un lado por su carácter de político de los más influyentes en el organigrama nacional; por el otro porque representa un nuevo intento de poner el foco en el pasado antes que en el presente.

En efecto, el “fueron muchos años de falta de una política estratégica” le permite al macrista ocultar lo que no se ha hecho en este período que lleva al frente del Gobierno. Una suerte de “a mí no me miren, miren lo que no hicieron los otros”.

Ese apelativo constante a la “pesada herencia” ya ha causado mucho daño al país y a los argentinos, porque no se termina en una argucia para sostener la inacción, sino que además justifica un ajuste que quita beneficios económicos y sociales de los argentinos.

También tiene un doble sentido la aseveración de que “el Estado nacional ha estado presente tratando de encontrar una solución y seguimos trabajando en esa dirección para dar previsibilidad y resolver las inversiones que hacen falta. Somos respetuosos del proceso en la Corte”.

Respetuosos, lo que se dice respetuosos, no parecen: en la Audiencia de conciliación, su representante no compareció porque minutos antes de hacerlo le surgieron “otros temas” y abandonó la Corte.

Por otro lado, las declaraciones y hechos explícitos pro Mendoza deben leerse como un claro intento de ejercer presión, porque dejan sentado claramente el interés del Estado Nacional hacia uno de los lados, algo que podría entenderse si se tratara de funcionarios mendocinos o pampeanos, pero no en este caso, en donde se supone que el Estado debe mediar para la resolución del conflicto contemplando las demandas de las dos partes.

Así, la caracterización de “socios” que desde La Pampa les han lanzado son plenamente justificadas.