Aportar dinero a campañas electorales tiene sus beneficios. Al menos dos empresas de seguridad privada sospechadas de donar fondos a Cambiemos entre 2015 y 2017 sumaron contratos millonarios en los últimos años, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el ámbito del Estado nacional.

Las compañías Murata SA y Briefing Security están en la mira del caso de los aportantes truchos. Los empleados de Murata se usaron para justificar $ 480 mil en las PASO de 2015. Luego, volvieron a utilizar sus nombres para justificar aportes de la campaña de octubre por otros $ 330 mil; y en 2017, seis de ellos aparecen aportando $ 100.500 a la campaña en la Provincia en 2017. A la ex empleada Brenda Osso, que relató su caso a Perfil el domingo último, la utilizaron tres veces: aparecía aportando $ 95 mil en el primer informe de gastos de las PASO de Cambiemos en 2015; otros $ 30 mil a la campaña presidencial de octubre; y $ 16.500 más para la campaña legislativa del oficialismo en la provincia de Buenos Aires en 2017.

Briefing Security presentaría el mismo patrón. Los ejecutivos de esta empresa aparecen aportando $ 320 mil a la campaña de las PASO 2015; otros $ 180 mil en la generales de octubre de ese año; y $ 96 mil más en las legislativas de la provincia de Buenos Aires en 2017.

Las compañías que prestan servicios al Estado nacional, provincial o porteño tienen prohibido por ley aportar a campañas. Por eso, la Justicia investiga si el dinero donado a nombre de los empleados provenía de los dueños de estas empresas. “Lo que puede haber pasado es que las empresas quisieron ayudar a la gente que simpatiza con nosotros y que salieron a buscarnos plata, y la han canalizado a través de alguna persona física. Es plata legal pero que pasa al circuito negro. No avalamos esta práctica y vamos a acompañar a la Justicia”, aseguraron en el entorno de Mauricio Macri. “La realidad es que estamos trabajando con una ley siniestra”, agregaron.

El 28 de octubre de 2015, tres días después de las elecciones presidenciales, la gestión de Macri licitó a cuatro empresas de seguridad privada un negocio de $ 4.440 millones: la custodia y vigilancia de edificios y otros bienes del Gobierno de la Ciudad hasta 2019. Murata se quedó con una importante porción del contrato ($ 1.265 millones). Briefing Security recibió otra zona del mapa porteño y un contrato por $ 1.091 millones. 

Murata ganó también la seguridad en el Banco Ciudad, y desde la llegada del macrismo a Nación sumó contratos. Actualmente, tiene preadjudicada una licitación para realizar la seguridad de la Secretaría de Deportes por $ 24,9 millones.

Briefing Security también sumó negocios con la llegada de Cambiemos al Ejecutivo nacional. Desde marzo, tiene preadjudicado un contrato de $ 34,4 millones para realizar la seguridad de los edificios del Banco Nación por un año. 

Murata viene siendo blanco de una investigación en el fuero federal. A partir de una denuncia de Margarita Stolbizer, la fiscal Alejandra Mangano investiga un contrato asignado de manera directa a la compañía por parte de las autoridades del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en medio de un conflicto gremial por el despido de 258 empleados del organismo.

De acuerdo a la presentación, la gestión de Cambiemos en el INTI contrató a “personal de civil armado que recorre el predio y que persigue, amenaza y acosa a los trabajadores”. El servicio le costaría al Estado unos $ 1.300.000 por mes, de acuerdo a la presentación y a la documentación acompañada.

Antecedentes

En 2016, Chequeado informó que empleados de estas dos empresas contratistas de la Ciudad aparecían aportando dinero a la campaña presidencial de Macri y que la maniobra despertaba sospechas. Murata utilizó los nombres de doce empleados. En el caso de Briefing Security-Impes (una alianza de compañías), hay ocho directivos que aportaron. Entonces, uno de ellos, Carlos Elicetche, dijo a los periodistas de Chequeado que hizo el aporte y que la acción fue coordinada con otros directores de la empresa.

Casualmente, en las campañas de Cambiemos de octubre 2015 y 2017, los empleados de Murata y los ejecutivos de Briefing Security-Impes aparecen realizando aportes de $ 30 mil y $ 16.500 respectivamente y casi en las mismas fechas. Son los mismos montos y fechas denunciados por aportantes falsos en esas mismas campañas.

PERFIL se comunicó con Murata y Briefing Security para conocer su versión de los hechos, pero no obtuvo respuestas.