Al pedido, Mayoral lo hizo junto a sus pares del bloque oficialista Stella Maris Colla, Sandra Fonseca, Claudia Godoy, María Soledad Sciu, Facundo Sola, Raúl Zurbrigk, Ariel Rauschenberger y Espartaco Marín.

En el proyecto de resolución piden rechazar la implementación en La Pampa del Decreto Presidencial 908/16, denominado “CUS” (Cobertura Universal de Salud), por considerarlo “un retroceso humano y material para el servicio de salud pública, afectando derechos y servicios vigentes en nuestra provincia”, según sostuvieron los diputados.

“Desde nuestro análisis, la adhesión provincial a este decreto implicaría una ‘privatización’ del sistema de salud pública, con el cual se terminarían cobrando servicios que desde 1946 son de acceso gratuito. Este nuevo paradigma de salud planteado desde el gobierno nacional, será financiado con dinero retenido del Fondo Solidario de Redistribución, que se conforma con el 15% de los aportes que hacen los trabajadores para obras sociales”, fundamentaron los legisladores justicialistas.

Y agregaron: “Asimismo, dispone por única vez de la afectación de pesos ocho mil millones ($ 8.000.000.000), con destino a la financiación de la Cobertura Universal de Salud, provenientes del mencionado Fondo Solidario de Redistribución. De implementarse en La Pampa el Decreto 908/2016 se consolidaría la desigualdad en el goce del derecho a la salud, al establecer la identificación de la población carente –con el estigmatizante ‘carnet de pobre’- y habilitar las llamadas ‘canastas de servicios’, las cuales varían conforme a la capacidad de pago de los presuntos beneficiarios”.

“La Cobertura Universal de Salud es impulsada por el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud (OMS), afectando a los usuarios de los hospitales públicos, pero también a los afiliados de las obras sociales y prepagas, ya que se sacarán prestaciones del Programa Médico Obligatorio. De esta manera, tratamientos que hasta hoy financiaban las entidades de salud sindical o privada deberán ser abonadas por los usuarios; buscando modificar de esta manera todo el sistema de salud, a fin de privatizarlo desde este plan que ya se encuentra en marcha en algunas provincias del país. Muchos programas de prevención solventados por nación, ya han sido transferidos para su financiamiento a las provincias, con la premisa de quien pueda hacerse cargo los sostenga y quien no, los baje. Quienes defendemos a la salud pública, sabemos que la privatización de la misma lleva al deterioro de la misma, tanto como derecho cercenado y como servicio público en sí misma”, concluyeron.