La diputada provincial Alicia Mayoral (PJ), ingreso proyecto de ley tendiente a conmemorar cada 30 de julio, el “Día Mundial contra la Trata de Personas”, instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante Resolución 68/192 del 18 de diciembre de 2013. 

“Poder conmemorar en La Pampa este “Día Mundial contra la Trata de Personas”, supone visibilizar un delito de lesa humanidad que debe ser erradicado, asumiendo su combate desde todos los ámbitos del Estado provincial, involucrando a la sociedad y desnudando sus perversas características".  

"Debemos tomar conciencia de la gravedad de éste delito que ataca la libertad, integridad y dignidad de sus víctimas, al punto de convertirlas en un objeto de comercio, esclavas de un sistema perverso que las explota sin posibilidades de escape”, expresó la diputada justicialista.  

La trata de personas en nuestro país, refiere al comercio ilegal de personas con diferentes propósitos: explotación sexual, esclavitud reproductiva, trabajo forzado u extracción de órganos. La misma es considerada un delito internacional de lesa humanidad, ya que viola los derechos humanos de sus víctimas, considerándosela una forma moderna de esclavitud".  

"Estudios especializados han revelado que este delito se ubica en el tercer lugar, detrás del tráfico de armas y drogas; estimándose que cerca de 21 millones de personas son esclavizadas por la trata en el mundo, moviendo un negocio millonario. La República Argentina ha suscripto el protocolo internacional contra la trata, junto a otros 116 países, elaborado por Naciones Unidas, mediante el cual se compromete a prevenir y combatir la trata, asistiendo y protegiendo a sus víctimas. 

La Pampa adhirió a la Ley Nacional N° 26.364 –de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas- y su modificatoria Ley N° 26.842, en agosto de 2014; mediante un proyecto de ley presentado por el Bloque Justicialista y aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados provincial.  

Entre otros fundamentos, Mayoral detalló que “en nuestro país, las víctimas más comunes de trabajos forzados se presentan en talleres clandestinos textiles o como peones rurales y en algunos casos en el servicio doméstico".  

"La explotación sexual afecta particularmente a mujeres, adolescentes y niñas, encontradas en prostíbulos. En la mayoría de los casos, las víctimas viven en condiciones infrahumanas y son tratadas como una propiedad del tratante; reduciéndolas ilegalmente a la condición de servidumbre por deudas, cuyo fin es la explotación económica”, concluyó.