“Todo el mundo tiene derecho a protestar, pero no cortando las calles e impidiendo que la gente vaya a trabajar”. La frase pertenece al discurso que dio la ex presidenta Cristina Kirchner el 1 de marzo de 2014 frente a la Asamblea Legislativa. El kirchnerismo respondió entonces con una catarata de proyectos de ley, pero nunca tomó la decisión política de ordenar las calles.

La herencia le explotó al nuevo Gobierno apenas asumió: el conflicto de la empresa Cresta Roja terminó con el desalojo de la autopista Riccheri y la promesa de un protocolo especial para regular la protesta social.

En las últimas semanas, los expertos del Ministerio de Seguridad avanzaron en la redacción de esa norma. Según pudo saber Clarín de altas fuentes oficiales, el protocolo no permitirá cortes parciales, aunque posibilitará una instancia de mediación. “Estamos en la etapa final de la redacción”, se limitó a decir ayer una alta fuente del Gobierno.

Esta semana habrá reuniones para terminar de delinear el contenido del protocolo, una herramienta que esperan todas las fuerzas de seguridad. A los expertos del Ministerio de Seguridad, que se encargaron de la redacción, se sumarán funcionarios del Ministerio de Justicia y de Desarrollo Social.

En el Gobierno no quieren dar detalles de la norma, y mucho menos instalar el tema en los medios. Esperan que la “paz social” se prolongue, como mínimo, hasta marzo, cuando suelen estallar los conflictos gremiales.

Clarín pudo saber, no obstante, que el protocolo no suavizará las normas vigentes. El artículo 194 del Código Penal castiga con hasta dos años de cárcel a quien “sin crear un situación de peligro común, impidiera, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua, aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas”.

El debate sobre la aplicación de esa norma y otras que regulan la protesta social, como el Código Contravencional porteño, se trasladó en los últimos años a la Justicia, con resultado dispar. El ex secretario de Seguridad Sergio Berni, uno de los más duros dentro del kirchnerismo, siempre se quejaba del fallo judicial que lo procesó por un desalojo violento en la autopista Panamericana. “Se necesita un marco y reglas claras”, insisten en el Gobierno.

El fenómeno de los piquetes explotó a fines de los 90, con las sangrientas protestas en las rutas de Tartagal y Mosconi (Salta), y se extendió luego a todo el país. El kirchnerismo nunca enfrentó el problema y profundizó el caos. Macri apunta a un cambio de paradigma, donde los cortes de calles no sean moneda corriente. El desafío es aplicar la ley sin afectar el derecho a protestar. (Clarín)