El primer caso de la mañana lleva la carátula de “abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo” y “promoción a la corrupción de menores agravado por el vínculo” en concurso real. El imputado, un hombre de 40 años, fue condenado a diez años de prisión de ejecución condicional.

El abogado defensor, Armando Agüero, presentó el recurso de impugnación teniendo en cuenta que en el debate oral, había solicitado el mínimo de tres años de prisión en suspenso, tras argumentar que los delitos achacados por la fiscalía no corresponden y el acusado debía ser condenado por “abuso sexual simple”.

La segunda causa tratada por el TIP fue un recurso de impugnación presentado por el defensor Walter Vaccaro sobre el “homicidio simple” cometido por Leo Andrés Solopi, hecho que produjo el deceso de Miguel Ángel Chávez por el cual fue condenado a la pena de nueve años de prisión efectiva.

Vaccaro argumentó que su pupilo colaboró en todo momento con la justicia, no entorpeció la investigación y brindó información dentro de la misma. Además, habría cometido el homicidio en “exceso de la legítima defensa”, por lo que ordenó que se revoque la condena a la pena mínima de ocho años de prisión.

El caso de la tercera audiencia, tiene como autor material y penalmente responsable a Joaquín Lecea, quien fue condenado el mes pasado a cuatro años de prisión de efectivo cumplimiento por considerarlo culpable de los delitos caratulados como “portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal agravada y “abuso de armas”, en concurso real.

Lecea además posee otra causa por “robo calificado”, debiendo cumplir una pena única de cinco años y siete meses. El defensor de la causa Raúl Alberto Quiroga justificó que en el arma utilizada no hay huellas de su cliente, por lo que pidió la absolución del mismo.

La última causa atendida por el TIP fue sobre una apelación a la prisión preventiva dictada por la jueza de control Paola Loscertales hacia tres personas identificadas como Cristian Horacio Balcazar, Patricia Susana Santillán y José Luis Rivarola por el delito de “estafa”.

El defensor oficial Carlos Caram presentó el recurso luego de la audiencia de formalización en la que se dictó prisión preventiva de 90 días a los imputados. El abogado, utilizó el argumento de que una condena por “estafa” posee un mínimo de 30 días, por lo que la preventiva superaría la misma sentencia, en caso de que hubiese una condena efectiva.

El TIP deberá decidir si revocará alguna de las causas y si dictará, o no, nuevas sentencias el día 2 de diciembre.