La pesquisa ya cuenta con un primer protagonista: el ex ministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior y actual gobernador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, según determinó el Superior Tribunal de Justicia de ese país.

La investigación buscará determinar la responsabilidad de Pimentel y otros cinco acusados de corrupción por US$ 5 millones y de lavado de activos, como así también altos ejecutivos de Odebrecht, que cosecharon "ventajas indebidas" gracias a esas coimas. Entre ellos, Marcelo Odebrecht.

La investigación brasileña, que comenzó con la "Operación Acrónimo" en noviembre, no abarca por ahora a ningún funcionario, empresario o intermediario argentino. Pero el desarrollo de la pesquisa podría sacar a la luz más evidencias y testimonios sobre cómo Odebrecht y sus socios Iecsa -por entonces en manos de Angelo Calcaterra, primo del actual presidente Mauricio Macri -, Ghella y Comsa se beneficiaron por esas coimas de 2011 y 2012 en la obra del tren Sarmiento.

La decisión que adoptó el Superior Tribunal implica la segunda ocasión en menos de un mes en que otro país avanza sobre la corrupción vinculada a la Argentina antes que la Justicia local. El 22 de diciembre pasado, trascendió que la Corte federal de Nueva York juzgará a un ex ejecutivo alemán de Siemens por sobornar a funcionarios argentinos por el Proyecto DNI mientras que, transcurridos 20 años desde la denuncia, la investigación en la Argentina por ese negociado sigue sin registrar condenas.

La investigación contra Pimentel y otros brasileños, en tanto, también aporta una nueva oportunidad de conocer cómo se abonaron coimas por el proyecto para el soterramiento del tren Sarmiento. En particular, cuando varios ex ejecutivos de Odebrecht y documentos obtenidos por los investigadores brasileños expusieron que se pagaron sobornos al entorno directo del entonces ministro de Planificación Federal, Julio de Vido -coimas que podrían trepar a los US$ 20 millones-, y el rol que habría asumido el lobbista Jorge "Corcho" Rodríguez.

Por lo pronto, tanto Calcaterra como su lugarteniente en IECSA, Javier Sánchez Caballero, al igual que el "Corcho" Rodríguez y los ex secretarios de Transporte y de Obras Públicas, Ricardo Jaime y José López, integran la lista de acusados sobre los que el fiscal federal Franco Picardi solicitó trabar embargos millonarios el 27 de noviembre pasado.

Pero nueve días después del pedido de Picardi, el 6 de diciembre, una sala especial del Superior Tribunal brasileño decidió abrir la investigación contra Pimentel y otros cinco acusados. También determinó que Pimentel podrá continuar como gobernador del estado de Minas Gerais ya que la pesquisa no se centra en su actual cargo, sino en su paso anterior por el Ministerio, que lideró en simultáneo con la presidencia de la Cámara de Comercio Exterior (Camex), que fijaba las directrices para las políticas de financiamiento.

Desde aquella fecha, varios datos comenzaron a salir a la luz. Entre otros, que Odebrecht coimeó para destrabar el financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo (Bndes) brasileño -bajo la órbita de Pimentel- para dos obras: el soterramiento del Sarmiento, en la Argentina, y un corredor de transporte urbano en Maputo, Mozambique.

Además de Pimentel, los restantes cinco acusados son su entonces jefe de Gabinete en el ministerio, Eduardo Serrano, el empresario Benedito "Bené" Rodrigues de Oliveira y el intermediario Pedro Augusto de Medeiros, como así también Marcelo Odebrecht y el ejecutivo de la constructora, João Carlos Mariz Nogueira.

"DGI", "manteca" y "mango"

La decisión del Superior Tribunal también incluyó el rechazo de las nulidades planteadas por la defensa. "Es clara la licitud de los elementos probatorios hasta ahora presentados en el expediente", afirmó uno de los jueces, Og Fernandes, quien estimó que "un análisis minucioso no deja duda de hay indicios de autoría y materialidad" de esos sobornos.

Ya fuera de la cárcel, pero bajo arresto domiciliario, Marcelo Odebrecht colabora con la Justicia brasileña. Confirmó múltiples sobornos dentro y fuera de Brasil, como así también explicó que las siglas "DGI" eran un eufemismo utilizado entre los ejecutivos de la compañía para aludir al pago de coimas. En el caso del soterramiento del Sarmiento, "DGI" aparece en documentos junto a pagos por un total de US$ 20 millones. Pero hasta ahora, Marcelo Odebrecht no testificó sobre las coimas pagadas a Pimentel.

(La Nación)