La Justicia federal investiga una asociación ilícita que ofrecía todo tipo de servicios a empresas con el fin de cancelar de modo fraudulento sus deudas tributarias.

Pero la banda tenía sus particularidades: estafó a varios de sus propios clientes y, además de extenderse por todo el país, aprovechaba sus contactos en la anterior cúpula de la AFIP, durante la gestión de Ricardo Echegaray.

Y contaba, según investiga la Justicia, con un actor destacado: el ex jugador de los Pumas Serafín Dengra.

Dengra se dedicó, tras abandonar la práctica activa del rugby, a realizar tareas deportivas para chicos y jóvenes y creó un personaje en el rol de "motivador" con frases como "never pony, pura sangre". Pero ahora, la Justicia sospecha que Dengra actuó, por lo menos desde 2013, como "pescador" de potenciales clientes para la banda en el mundo del rugby y los círculos sociales que frecuenta.

Según publica hoy La Nación, Dengra ya fue indagado por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, quien también tomó declaraciones a otras dos docenas de acusados de integrar esa asociación ilícita multipropósito: facilitar la evasión con facturas truchas, retenciones falsas, declaraciones juradas anticipadas de importación (DJAI) también falsas y planes de pago "especiales" de deudas fiscales, manipulados a través del área de sistemas de la AFIP. Todo con un desfalco por más de $ 1000 millones.

Los dos presuntos jefes de la banda son Miguel Ángel Lamparelli, quien se encuentra procesado y con prisión preventiva, mientras que el otro, Adrián Marcal Gago, permanece en la clandestinidad, prófugo desde hace meses.

Lamparelli apeló su detención ante la Cámara Federal de San Martín y planteó que la investigación debe remitirse al juez federal de Comodoro Py, Luis Rodríguez, quien impulsa otra pesquisa en la que figura como acusado junto a Marcal Gago por la que debe afrontar un juicio ante el Tribunal Oral Federal Nº 3.

Rodríguez los procesó por presunta estafa, falsedad ideológica y asociación ilícita junto al ex "barra K" Marcelo Mallo, quien fuera el referente de Hinchadas Unidas Argentinas, por una operatoria en la que según sospechaba la entonces diputada nacional Liliana Schwindt (massista), contaban con la supuesta connivencia del entonces titular de la AFIP, Ricardo Echegaray.

Según el artículo de La Nación, Lamparelli movió y ganó fortunas desde Puerto Madero en la compra y venta de dólares en los mercados oficial y blue durante el kirchnerismo y quedó bajo la mira de la agencia antinarcóticos estadounidense (DEA), mientras que Marcal Gago aparece en otra causa por presunta estafa en la que debió dar explicaciones Ramón Allan Bogado, el espía señalado por el fiscal Alberto Nisman en su denuncia vinculada a Irán.

Lamparelli y Marcal Gago aparecen también vinculados a la financiera SGI (La Rosadita), por la que Federico Elaskar y Leonardo Fariña movieron decenas de millones de dólares del presunto testaferro de los Kirchner, Lázaro Báez.

Sin embargo, el expediente que instruye Arroyo Salgado no lleva en su carátula los apellidos de Lamparelli o Marcal Gago como supuestos jefes de la banda, sino los de Dengra y de Raúl Pessotto.

Dengra confirmó la existencia de la banda, pero se definió como una de sus víctimas. "Sólo quise ayudar a unas personas, pensando que era de buena fe, para que pudieran obtener una moratoria, pero usaron mi nombre para armar lío. Sólo relacioné a una empresa, pero yo no tengo nada que ver, por eso yo sigo en libertad", afirmó el ex rugbier.

Sin embargo, las escuchas telefónicas exponen el involucramiento de Dengra. La investigación comenzó en Salta, donde el entonces director regional de la AFIP Rafael Resnick Brenner -ahora uno de los acusados en el juicio oral por el "caso Ciccone"- recibió una denuncia en junio de 2014 sobre Pessotto, verificó los primeros indicios sobre él y Dengra, y reportó al Juzgado Federal Nº 1 de Salta, que ordenó escuchas sobre nueve teléfonos y la intervención de cuatro correos electrónicos durante más de un año y medio, más otras tareas de inteligencia por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Con esas escuchas se logró reconstruir cómo operaba la banda con la ayuda del área de sistemas de la AFIP, que le marcaba potenciales clientes y borraba deudas, previo pago de comisiones.

Más tarde, el Juzgado Federal de Salta se declaró incompetente y remitió el expediente a la jueza Arroyo Salgado, que a mediados de este año completó más de 200 allanamientos.