La Sala Dos de la Cámara Federal ordenó al juez Luis Rodríguez que pida el desafuero y la detención del ex ministro de Planificación Federal y actual diputado nacional kirchnerista Julio De Vido en la causa que investiga sobreprecios en la mina Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT).

La orden dictada por los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, que votaron por el desafuero y la detención del ex hombre fuerte del kirchnerismo, se basa en el "riesgo de entorpecimiento" que los fueros con los que cuenta el actual legislador puedan generar en la causa.

Ambos magistrados coincidieron en que el encarcelamiento de De Vido "resulta la única alternativa viable para garantizar el éxito de esta investigación" y destacaron que "se verifican en derredor de Julio De Vido indicios de entidad suficiente como para presumir que su libertad constituye un riesgo para el proceso".

Por su parte, el tercer camarista, Eduardo Farah, votó por el desafuero pero sin detención con "fuerte caución real".

Tras la orden de la Cámara Federal, el juez Luis Rodríguez deberá enviar al Congreso el pedido de desafuero del diputado De Vido por lo que, nuevamente, el futuro del ex funcionario quedará en manos del Poder Legislativo.

En 2016, PERFIL había adelantado cómo De Vido desvió fondos públicos sin control.

A este mecanismo los funcionarios lo bautizaron “el tren de la alegría”. Por orden del entonces Ministro, el Estado destino $400 millones para reconstruir el Tren Turístico del Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT). Dos años después, sólo inauguraron una estación.

Los fondos se desviaron sin licitación ni controles. El tren turístico es uno de los ejemplos de cómo funcionaba el circuito financiero que montó el kirchnerismo a través de la empresa estatal YCRT, que administra la emblemática mina de carbón subterránea. El ex interventor de esa compañía estatal, Atanasio Pérez Osuma firmaba contratos con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Santa Cruz para “asistencia técnica” o “capacitación de personal”.

En realidad, lo que ocurría era que se usaba a la UTN para pagar a proveedores de forma directa y bajo la discrecionalidad de De Vido y sus funcionarios, como Roberto Baratta, ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión.

Cada vez que el yacimiento necesitaba comprar insumos, maquinarias, o realizar obras, el ministerio de De Vido enviaba los fondos y ordenaba a Yacimientos que pagara las sumas. Se habrían garantizado el desembolso de al menos $3 mil millones mediante contratos directos gracias a que los pagos se hacían a través de la UTN y su fundación. Este mecanismo, según los denunciantes, encarecía todos los contratos en un 21 %, que se justificaba como “gastos administrativos” de la UTN y de su fundación. Por allí, podrían haberse camuflado sobreprecios y pago de sobornos que ahora deberá investigar la Justicia. 

(Perfil)