Este lunes, y luego del escrache al presidente Mauricio Macri durante su visita a Santa Rosa, el Ministerio de Seguridad de La Pampa, a cargo de Juan Carlos Tierno, emitió un comunicado de prensa destinado “a los pampeanos y todo el pueblo de la Nación Argentina”, tituló el área de prensa.

“Ante las declaraciones públicas atribuidas a la ministra Patricia Bullrich –en la radio Continental y reproducidas en la versión digital del diario Clarín- como titular de la cartera de Seguridad de la Nación, sobre la visita del presidente Macri a La Pampa días atrás, y ante las falsedades expresadas públicamente por ella, corresponde una respuesta al pueblo de La Pampa en particular y a todos los compatriotas en general”, agregó el escrito.

“Reiteramos el rechazo total a toda forma de manifestación violenta, refiriéndonos puntualmente a los elementos arrojados a la caravana presidencial, motivo este que definió que nosotros fuéramos los primeros en iniciar el  procedimiento judicial –aportando todo el material captado por las videocámaras y toda información de relevancia-, poniendo en conocimiento al Ministerio Público Fiscal, comunicando a las autoridades de las fuerzas federales, e intentando conversar telefónicamente con los responsables del operativo de seguridad nacional presentes en Santa Rosa, aseveró.

Falsa acusación contra el gobernador Carlos Verna

En el comunicado, el Ministerio de Seguridad aclaró que si hubo predisposición de La Pampa para colaborar con el operativo. “Tanto el gobernador Verna como el ministro de Seguridad manifestaron, explícitamente, la disposición a colaborar en la seguridad del presidente, con independencia del objeto de su presencia en La Pampa”, describe el informe.

“La persona enviada y presentada como responsable de la seguridad y organización del operativo evidenció, desde los primeros movimientos en esta provincia, la actitud de complicar la participación institucional del área de seguridad, acusando falsamente al gobernador Verna de haber dado orden de no prestar colaboración en las secuencias que ya se notificaron, por nota, a la ministra Bullrich el día viernes próximo pasado a la mañana siendo, además, difundida públicamente”, aseguraron.

“Viendo el despliegue de Bullrich queda evidenciado, lamentablemente para la institucionalidad, que aquellas primeras expresiones no fueron solo la conducta de un desubicado sino la demostración, con intencionalidad explícita, de venir a La Pampa no para un acto proselitista sino para armar un escándalo, con mentiras y falsas imputaciones públicas, que están realizando contra las instituciones de la provincia de La Pampa, tanto contra la investidura del gobernador como contra el Ministerio de Seguridad y la Policía. Mentiras expresadas también por el candidato lugareño y diputado nacional del sector político funcional al Gobierno Nacional”, precisó.

“Este menoscabo institucional lo profundiza el señor Maquieyra (diputado nacional en ejercicio) faltando el respeto a la Policía de La Pampa al decir que “no pudo, ni siquiera, cuidar a un presidente”, cuando la realidad muestra que nuestra Policía constituye un elemento fundamental para que La Pampa, en estos casi dos años de gestión, sea una de las provincias con mayor reducción de delitos en todas sus formas. Siendo la institución policial pampeana reconocida, en toda la Argentina, por su formación, honestidad y vocación de servicio público”, destacó el Ministerio pampeano.

Presión de Bullrich a la Justicia

“Asimismo, se produce un acto de violación al estado de derecho y de intromisión inadmisible en el Poder Judicial, a partir de la comunicación directa de la ministra Bullrich con el juez y con el fiscal federales en La Pampa que intervienen en la investigación judicial para reiterar el compendio de falsedades e imputaciones formuladas por la funcionaria y los demás activistas del partido político gobernante a nivel nacional. Presión también ejercida por el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, al llamar a un operador judicial de nuestra provincia”, recriminó el área de Tierno.

“La independencia de la Justicia se preserva con el accionar claro y trasparente, sin interferencias, como lo fue este llamado de un ministro u otro intermediario del Poder Ejecutivo, incluso en causas o procesos en que los mismos transeúntes de la política tienen interés. Ninguna reforma al Poder Judicial se puede realizar sin un real cambio actitudinal de los funcionarios políticos en cuanto al respeto a cada operador judicial íntegro y honesto, porque de lo contrario, se incurre en las mismas conductas por las cuales declaman estar en desacuerdo con otros protagonistas”, afirmó.

Los únicos auxiliares de la Justicia son las fuerzas policiales o de seguridad y por respeto a las mismas y a la independencia del Poder Judicial, no corresponde que se comunique con un operador judicial porque los únicos investidos institucionalmente para hacerlo son los funcionarios públicos de fuerzas policiales y de seguridad, quienes deben cumplir la ley y no ser usados para otros fines.

Con esa conducta confesada por Bullrich, los operadores judiciales carecen de la imparcialidad en un trámite judicial en el que, el Gobierno Nacional, no lo quiere para hacer justicia y averiguar la verdad sino para una pervertida explotación electoralista.

Ataque falso y ofensivo a las instituciones de los pampeanos.

El perfil del Ministerio de Seguridad pampeano, precedente respecto a que la seguridad del pueblo de la Nación, está por encima de las tergiversaciones de la política sectorial y electoral, y que entendía podía ser coincidente con la ministra Bullrich, exponiéndolo incluso en reiteradas oportunidades al pueblo de La Pampa. Hoy cambia esa visión a partir del ataque con falseamiento ofensivo a las instituciones de los pampeanos.

Con mayor o menor convicción, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, participa de la obra actoral-electoral ofrecida por el elenco de Cambiemos y del Gobierno nacional, hecho que se desprende de lo manifestado con información objetiva que se relata en estas líneas.

Estas expresiones están dirigidas a la comunidad y también se pondrán en conocimiento del presidente Macri y de los titulares de los Ministerios de Seguridad y de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, así como de todos los ministros provinciales a cargo de la seguridad pública.