El pedido llegó en los últimos días a los tribunales federales de Retiro, donde ahora el juez Daniel Rafecas está a cargo de la causa en la que se investiga a la empresa dueña de la mayoría de los hoteles de la familia presidencial. El expediente puede pedirse por una denuncia de un damnificado, por ejemplo. Una vez que llegue al Consejo, quien quede a cargo del expediente analizará si el comportamiento de Bonadio puede ser objeto de sanciones o, incluso, un pedido de juicio político.

La investigación por Hotesur fue iniciada por una denuncia de Margarita Stolbizer, que detectó irregularidades administrativas en la empresa. Bonadio, luego, viró hacia una causa por supuesto lavado de dinero que ya estaba bajo la sospecha del periodismo, que reveló en los últimos años documentación que apunta en ese sentido. Stolbizer pide ser querellante, pero la Justicia aún no se lo permite.

Bonadio tiene acumuladas al menos 51 denuncias ante el Consejo, que fueron de-sestimadas. Claro, hasta ahora nunca se había metido en el corazón de la economía presidencial. El kirchnerismo podría avanzar contra el magistrado, que, según dos de sus superiores de la Cámara, actuó de manera “parcial”. Por eso decidieron apartarlo de la causa. La estrategia de la oposición en el Consejo determinará su destino. Sus críticos sostienen que el juez fue más allá de lo que la ley le permitía, desde un juzgado federal que, como casi todos los de su fuero, se mueve al compás de los tiempos políticos. Pero el apartamiento de Bonadio es también señal de una renovada tregua entre el Gobierno y un sector de la Justicia, del que él no forma parte. (Perfil).