La pista de un asesinato planificado por un comando venezolano-iraní entrenado en Cuba se mantiene entre las hipótesis que baraja la querella. De allí que los abogados de Sandra Arroyo Salgado hayan requerido un informe a la embajada de Cuba en Buenos Aires, para determinar si uno de los custodios del difunto fiscal se desempeñó allí en enero pasado.

El hombre en cuestión es el efectivo de la Policía Federal Rubén Benítez. Es que fue él quien en su declaración consignó haber trabajado como custodio de la delegación diplomática en Buenos Aires. Esa confesión alimentó las versiones de una confabulación con ribetes internacionales, que fue agitada primero por la revista brasileña Veja y luego robustecida con testimonios en varios países.

Los letrados solicitaron que la embajada detalle si Benítez -quien fue pasado a disponibilidad y fue el único efectivo que ingresó al departamento del fiscal en Puerto Madero- si "prestó servicios de custodia a esa representación diplomática, desde cuándo, así como las fechas y horarios del mes de enero que cumplió con la tarea".

Pablo Vigliero, Federico Casal y Manuel Romero Victorica incluyeron ese requerimiento en un extenso escrito en el que se pronunciaron a favor de la "reasunción" de la investigación a la jueza Fabiana Palmaghini, que está a estudio de la Cámara del Crimen. El tribunal de alzada realizará mañana a las 11,30 una audiencia para determinar si ratifica que la investigación seguirá en manos de la fiscal Viviana Fein o si deberá ser reasumida por la jueza.

La querella demandó también el testimonio de Armando Antao Cortez, secretario de la UFI AMIA, quien recibió el llamado del empleado informático Diego Lagomarsino en la madrugada del 19 de enero, un día después de la muerte de Nisman, narrándole el episodio del préstamo del arma que acabó con la vida del fiscal.

También reclamó el de Walter Vargas, uno de los secretarios letrados de Nisman, quien estuvo en Le Parc la noche que fue hallado el cadáver y se mostró preocupado "por el resguardo de la documentación existente en el lugar".

La solicitud incluye también que se tomen declaraciones a la enfermera Jessica López, de Swiss Medical, quien fue la primera persona que supuestamente vio el cadáver de Nisman y a la médica de la Unidad Criminalística Móvil de la Policía Federal Gabriela Piroso, "quien examinara el cadáver en el lugar del hecho". Según el escrito, ninguna de las dos declaró hasta el momento. (Infobae)