El reclamo se potenció luego del caso de Marianela Becerra, la joven madre que con sus dos hijos ocupó una casa en el barrio Nelson Mandela, de Santa Rosa, y estuvo al borde de ser desalojada por la Policía. Finalmente, apareció la ayuda oficial y fue alojada en un hotel.

Mujeres Autoconvocadas y el colectivo feminista Mala Junta, fueron las primeras organizaciones sociales que salieron a cuestionar con dureza la decisión judicial que tomó la jueza Florencia Maza para desalojar a Marianela.

"Defiende con más firmeza la propiedad privada que el derecho humano a una vivienda digna", expresó Mala Junta.