Londres volvió a hablar de provocaciones al referirse a la situación de las petroleras que trabajan en la zona de las Islas Malvinas.

La primera vez fue en 2013, cuando la Argentina sancionó una ley que habilita penas sobre las empresas que exploren y exploten hidrocarburos en las Islas. Y la segunda acaba de ocurrir como reacción ante los embargos por u$s156,6 millones que habilitó una jueza de Río Grande.

Hugo Swire, ministro de Estado para América Latina de la Oficina de Asuntos Internacionales de Gran Bretaña, dijo: "En los últimos días hemos visto el último ejemplo flagrante de las autoridades argentinas y la inaceptable campaña por estrangular la industria de hidrocarburos de las Malvinas".

El funcionario se refería al embargo trabado por la jueza Lilian Herráez luego de una denuncia realizada por los ministros de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman, y de Planificación Federal, Julio de Vido”.

"Hemos sido absolutamente claros con respecto a que las leyes domésticas no aplican en las Malvinas ni en las aguas que las rodean", dijo Swire, en referencia a la posición tomada en 2013 tras conocerse la ley que plantea sanciones a petroleras.

"Esta decisión, motivada políticamente, de apuntar a activos de empresas es un intento totalmente inaceptable por ejercer la jurisdicción extraterritorial. No tiene ninguna justificación legal", agregó Swire.

En su declaración, el funcionario de Londres remarcó: "Esta acción, dirigida a empresas de petróleo y gas británicas e internacionales, tiene peligrosas implicancias para los negocios globales. El gobierno de la Argentina debería abstenerse de provocaciones injustificadas de este tipo".

Luego de asegurar que "los planes de las Malvinas por desarrollar su industria de hidrocarburos son un emprendimiento comercial legítimo", Swire sentenció: "Como siempre, estamos detrás de los isleños y confiamos en que la comunidad internacional seguirá resistiendo las amenazas de la Argentina".

(Infobae)