El gobernador cursó la carta luego de que se conociera el pronunciamiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) convalidando el reclamo pampeano. El organismo internacional hizo mención a “las violaciones a derechos humanos de los pobladores de la zona afectada” y remarcó que “ni el Gobierno de Mendoza ni el Nacional han cumplido con sus obligaciones para zanjar el diferendo”.

En el texto, el mandatario provincial hace un raconto de la historia reciente del conflicto, que comenzó en el año 1987 cuando la Corte Suprema de Justicia estableció la “interprovincialidad” del río e instó a ambas provincias a celebrar “de buena fe” convenios para regular su uso.

Los primeros tratados se firmaron en 1989 y 1992 pero “nunca fueron cumplidos por Mendoza”, destacó Carlos Verna. “Fue el Convenio Marco firmado en 2008 entre los Estados Provinciales pero que, tras ser aprobado por la Legislatura de La Pampa en tiempo oportuno, fue rechazado por la mendocina varios años después”, detalla.

“La Provincia de Mendoza ha transgredido una larga serie de normas nacionales e internacionales, lo que da una naturaleza claramente antijurídica a su proceder. A raíz de su comportamiento, Mendoza ha generado y continúa produciendo importantes daños ecológicos y ambientales. A partir de la imposibilidad de arribar a una solución consensuada, La Pampa realizó una nueva presentación judicial en 2014”, indica el escrito.

El Gobernador enfatizó también que “dentro de su búsqueda por solucionar el problema, se cuenta el pedido realizado el 8 de junio de este año al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, para que convoque dentro de las facultades que la ley le otorga a los representantes de las Provincias que integramos la Cuenca del Río Atuel a fin de que se constituya el Comité de Cuenca para lograr un uso equitativo y racional de las aguas mismo”.

También argumentó que el miércoles pasado se conocieron públicamente las opiniones de los relatores de las Naciones Unidas Léo Heller e Hilal Elver a partir de una presentación realizada por la Fundación Chadileuvú y que “otorgan plena razón a mi Provincia”.

Los expertos internacionales señalaron que “el Gobierno de Argentina tiene que tomar medidas urgentes para proteger los derechos humanos de los residentes de las comunidades rurales de La Pampa que han vivido durante décadas sin acceso adecuado al agua” y que se constató que “desde la construcción del embalse se ha tolerado el uso unilateral del Atuel por parte de la Provincia de Mendoza sin preocuparse por los efectos negativos en las víctimas”.

“De hecho, esta situación contradice rotundamente la obligación del Estado de respetar, proteger y realizar el derecho humano a una alimentación adecuada” y se produce desde el inicio del conflicto a partir de la tolerancia nacional ante la conducta de las autoridades mendocinas”, argumentaron.

Dicha inacción, evaluaron los relatores, es una demostración de que “los derechos humanos de las víctimas no han sido el objetivo principal de los poderes públicos” algo que derivó en que “siga impidiéndose el acceso de las comunidades afectadas al agua potable para usos personales, domésticos, la producción de alimentos”.

Tras abogar por “evitar la perpetuación del conflicto interprovincial que implica la denegación del derecho humano al agua y a la alimentación de muchos argentinos”, el documento de la ONU recuerda que “independientemente de la delegación de esos servicios, la principal obligación de garantizar los derechos humanos para todos es del Estado”, lo que motivó la carta del mandatario pampeano.

“Que la ONU se expida sobre la problemática del Atuel”

El gobernador Carlos Verna cursó una nota a la ministra de Relaciones Exteriores y Culto, Susana Malcorra, pidiéndole que arbitre las medidas necesarias para que la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas trate la problemática del río interprovincial Atuel ratificando las opiniones de los relatores expertos en procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, mediante Resolución de la citada asamblea.

La solicitud se produjo luego de que se conociera el pronunciamiento de los relatores especiales de dicho organismo internacional certificando la razonabilidad del reclamo pampeano y la vulneración de derechos humanos en los que incurrió e incurre Mendoza a partir del uso arbitrario de la aguas del Atuel.

Los expertos Léo Heller e Hilal Elver, vale recordarlo, exhortaron “al Gobierno de Argentina a tomar medida urgentes para proteger los derechos humanos de los residentes de las comunidades rurales de La Pampa que han vivido durante décadas sin acceso adecuado al agua”.

Evaluaron que “se ha tolerado” el uso unilateral del recurso natural que los mendocinos han hecho en provecho propio sin preocuparse por los efectos negativos en las víctimas, situación que “contradice rotundamente la obligación del Estado de respetar, proteger, y realizar el derecho a una alimentación adecuada”.