El diputado Hugo Marcucci (UCR-Santa Fe) propuso ayer un proyecto que en el caso de convertirse en ley podría repercutir en los ingresos del ex presidente Carlos Menem y, de ser encontrados culpables en las causas de corrupción en su contra, el ex vicepresidente Amado Boudou y la ex mandataria Cristina Kirchner.

En concreto, la propuesta busca suspender las pensiones vitalicias que cobran los ex presidentes, vicepresidentes y jueces de la Corte Suprema que hayan incurrido en delitos contra la administración pública. Para negar ese ingreso, los inculpados deberán estar procesados o con una condena con sentencia firme.

"Es una verdadera afrenta al ciudadano que fondos públicos estén destinados a sujetos que hayan cometido delitos en el ejercicio de la función pública, como es el caso de Amado Boudou", afirmó el diputado Marcucci.

El régimen especial de pensión para los ex altos funcionarios, según la ley 24.018, se trata de una asignación mensual móvil, vitalicia e inembargable del orden de los 170 mil pesos. Además, tiene la característica de no ser contributiva; es decir, no necesita aportes y no tiene tope ya que su otorgamiento es en base al mérito por desempeñar altas magistraturas.

Cristina Kirchner es una de las que percibe dicho beneficio. En su caso, sin embargo, lo cobra por partida doble: por haber ejercido el cargo y por el fallecimiento de su ex marido, quien también alcanzó la jefatura de Estado. En total, percibe por ese concepto 340 mil pesos, publicó Infobae hace meses.

Ahora bien, el juez Claudio Bonadio le embargó a la ex jefa de Estado todos sus bienes y cuentas, por lo que no puede hacer uso de ese dinero. La ley impide la acción judicial de inmovilizar la totalidad de los ingresos de una persona, y es por ello que el equipo legal de Kirchner solicitó la nulidad de la medida.

En lo que respecta a Amado Boudou, este portal supo que completó el trámite para cobrar la pensión vitalicia, el cual fue aprobado por el Gobierno. El ex vicepresidente está procesado por el caso de la imprenta Ciccone, pos los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública.

El que sí se perjudicaría sin ningún tipo de dudas con una ley como la de Marcuci es el siempre presente senador Carlos Menem. El ex presidente está condenado en la causa por contrabando de armas a Ecuador y Croacia y por el pago de sobresueldos.

Pese al fuerte discurso anticorrupción hoy presente entre oficialistas y opositores, Menem es el único caso de un alto mandatario donde fueron comprobados en la Justicia los ilícitos cometidos. Y el senador continúa en libertad y en la función pública, con los fueros y los beneficios económicos que otorga el cargo.

Según publicó hoy el diario La Nación, legisladores nacionales del Frente Renovador y del PTS-Frente de Izquierda, como Graciela Caamaño y Myriam Bregman respectivamente, apoyarían la iniciativa. Sin embargo, para el ex jefe de Gabinete y senador del Frente para la Victoria, Juan Manuel Abal Medina, "es complicado" que prospere en la Justicia un proyecto de estas características.

"Ya se intentó con las jubilaciones de privilegio de funcionarios de la dictadura y no se logró. Además, sólo debería ser posible para funcionarios con condena firme y definitiva. Acabamos de elegir y pudo asumir un presidente procesado", afirmó Abal Medina.