Tal como anticipó Clarín ayer por la madrugada, Lázaro Báez presentó sobre el mediodía del lunes un escrito ante el juez Casanello, en el que lo acusa de “desconocer, o más bien ignorar, pruebas y argumentos” en su favor, niega responsabilidad en el delito de lavado de dinero e involucra a varios organismos de Estado que supuestamente supervisaron su trabajo como contratista. Para el final, guarda uno de los dardos más venenosos: “los actores centrales –del sistema de contratación de obra pública– no somos nosotros sino los máximos responsables del Poder Ejecutivo Nacional, los funcionarios de las carteras más importantes, los distintos actores del Congreso (diputados y senadores nacionales y provinciales), y los demás funcionarios de la administración pública de todos los partidos políticos sobre quienes reposaba el deber de control”. Un flechazo directo hacia Cristina Kirchner, mezclado con una adaptación patagónica de Fuenteovejuna: “no fui yo, fuimos todos”.

El texto, presentado “por derecho propio”, solicita a Casanello que “sincere el objeto procesal”, y lo exhorta a dar “el necesario giro que impone la causa”. Como lo había hecho en su pedido de audiencia pública a la Cámara Federal (que ayer fue aceptado, ver página 4) y como también lo había planteado su hijo menor Leandro en la recusación al juez presentada el jueves, Lázaro Báez se quejó por un supuesto “direccionamiento” en su contra del expediente por lavado de dinero.

“Se ha dado por sentada en forma dogmática la existencia de un delito precedente”, pero “ello es solo un ejercicio de retórica sin base en la realidad”, dice su texto. Según Báez, en el expediente instruido por Casanello no hay pruebas para asegurar que existió un delito precedente sobre el cual, luego, se montó una operación de lavado de dinero.

“Es manifiestamente errado y sugestivamente tendencioso”, dice Báez, “afirmar, sugerir o dar a entender en distintas declaraciones públicas algo y luego omitir volcarlo en el expediente”, en referencia a que el rol del Grupo Austral (el imperio empresario de Lázaro) en la adjudicación de obras a través de licitaciones públicas “sería sinónimo de corrupción, de dádivas o de cohecho”.

El acusado le apunta a Casanello y al fiscal Marijuan por haber repetido en “incontables oportunidades” que la maniobra de Báez se iniciaba con el cobro de un sobreprecio y el posterior disimulo de ese monto a través de facturación trucha, “sembrando en la sociedad la duda en torno a la licitud de los negocios” de Austral. Ambos “han hecho un esfuerzo denodado por generar la sospecha de ilicitud de todo el patrimonio de la familia Báez”, señala.

El escrito insiste entonces en la explicación de Báez para intentar justificar los cinco millones de dólares contabilizados ante las cámaras de La Rosadita, rechaza cualquier vinculación con la usina de facturas truchas que Juan Suris manejaba en Bahía Blanca (cita como ejemplo la desmentidas de varios funcionarios de la AFIP kirchnerista), desenrolla más argumentos para despegarse del supuesto uso de facturación apócrifa proveniente de otras tres empresas investigadas, y subraya que la investigación de esas irregularidades por parte de la justicia aún está en estado “embrionario”, por lo cual no podrían ser tenidas en cuenta como delito precedente para la acusación de lavado contra Lázaro.”Hasta tanto no se verifique el hecho imponible en el impuesto a las Ganancias y el impuesto al valor agregado no podríamos estar en condiciones de afirmar la existencia de un ilícito precedente.” La acusación de Casanello, entonces “constituye una aventura judicial de inusitada gravedad”, se ofenden los doctores Daniel Rubinovich y Rafael Sal Lari.

Las páginas finales del escrito se dedican a enumerar los organismos e instancias de control que el Estado –provincial y nacional– fue supuestamente activando para verificar que Báez no se robara el dinero de las obras públicas, y comparte una lista de empresas que también recibieron muchos contratos de obras, incluso más que el Grupo Austral.

Esta nómina, parecida a la que alguna vez publicó Cristina Kirchner para justificar que no beneficiaba a su socio Lázaro Báez, podría ser un arma de doble filo: si los funcionarios kirchneristas firmaron controles a obras que no se hicieron o se sobrefacturaron, y si esas otras firmas ganaron obras que efectivamente fueron realizadas, el contraste con las construcciones inconclusas de Báez sería evidente. Y la responsabilidad del gobierno K también.

Fuente: Clarín